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Por: Krystal Pérez Martínez / Presidenta Colegio de Profesionales del Trabajo Social de PR
El Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico sigue en su lucha por proteger a quienes protegen a los sectores más vulnerados de la sociedad.
Esta organización se creó en virtud de la Ley 171 del 11 de mayo de 1940 y tiene diversos mandatos como defender los derechos de la clase profesional, regular las prácticas de la profesión a través del Código de Ética y la educación continuada para garantizar calidad en los servicios que se ofrecen a los ciudadanos y proteger el bienestar público.
El ordenamiento jurídico vigente asigna roles compartidos para la supervisión y regulación de la profesión entre la Junta Examinadora de Profesionales del Trabajo Social y el Colegio. La Junta se encarga de los asuntos relacionados con la licencia, mientras que el Colegio se encarga de la creación, capacitación y asesoramiento en relación con el Código de Ética y la acreditación de la educación continuada.
El Estado ha delegado unas funciones al Colegio, que, de no existir, implican costos adicionales que debe absorber el Estado. Por ejemplo, el Colegio ofrece asesoría solicitada para proyectos de ley sobre asuntos sociales reaccionando con ponencias, memoriales y vistas públicas. A su vez, participamos en diversas instancias del gobierno, algunas por mandato de ley como en la Junta Transectorial de Apoyo y Educación a la Familia de la Ley 57 del 2023.
La regulación de la práctica requiere recursos humanos y financieros que el Estado actualmente no posee, particularmente en estos momentos de crisis y austeridad económica. Cuando el Estado tiene un interés urgente en el bienestar colectivo del país, debe tomar medidas para protegerlo. Por ello, existen colegiaciones compulsorias que, al no haber sido declaradas inconstitucionales, continúan vigentes, ya que sus funciones y objetivos constituyen un servicio público beneficioso para el país.
Algunos de los beneficios de la colegiación compulsoria son contar con una infraestructura organizativa que pueda desarrollar proyectos e iniciativas de apoyo a profesionales del trabajo social y la comunidad. Además, facilita que su matrícula se organice para tener espacios autónomos y autosustentables que consoliden la voluntad democrática de la clase profesional.
En resumen, con la colegiación compulsoria aumentamos la garantía de los derechos de la ciudadanía, en cuanto asegura la adhesión de las personas profesionales a la ética y mejores prácticas.
¿Quién protege a los que nos protegen? Es el Colegio quien lucha por el reconocimiento de personas profesionales del trabajo social como recursos esenciales para la atención integrada de las necesidades de los sectores más vulnerados y como profesionales imprescindibles en la consecución de las condiciones de bienestar social y equidad. Es el Colegio quien vela por el desempeño profesional guiado por los más altos valores y estándares éticos. El Colegio hace la diferencia.