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La terrible cifra de cien (100) asesinatos en lo que va del año 2023 ha puesto en alerta a los miembros de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, entidad que hoy hizo un llamado al gobernador Pedro Pierlusi sobre la falta de efectividad del plan anticrimen del Negociado de Seguridad Pública (NSP), y la disposición de los primeros ejecutivos municipales en ser parte de la solución.
“El alza en el crimen está en todo Puerto Rico y no solamente en las zonas metropolitanas. En las últimas semanas ha habido un incremento en los incidentes violentos que cobran vidas y no sólo los que están involucrados en la actividad delictiva, sino que alcanza a inocentes. Lo que estamos viendo al momento es que el gobierno estatal ha sido moviendo recursos a la zona donde se registran los incidentes, pero luego se retiran sin que se vea un plan integral para garantizar la seguridad de los ciudadanos”, señaló el alcalde de Villalba y presidente de la entidad, Luis Javier Hernández Ortiz.
Para el Alcalde, la mejor muestra de que la estrategia del gobierno estatal no es efectiva
“está en a la vista de todos, cada día son más frecuentes las balaceras a plena luz del día, asesinatos, asaltos, robos y los ‘carjackings’. Los alcaldes no podemos asumir la responsabilidad que le corresponde al gobierno estatal que es garantizar la seguridad de los ciudadanos, el esclarecimiento de casos y la implantación de medidas para la prevención de los delitos. Por supuesto que podemos cooperar, pero nuestro llamado al Gobernador es a la acción planificada y estratégica”.
Hernández Ortiz señaló que una alternativa es darle paso al Proyecto de la Cámara 1618, propuesto por los representantes Orlando Aponte Rosario y Juan José Santiago Nieves, par establecer el ‘Fondo para cubrir los servicios de seguridad pública en los Municipios’ y enmendaría la Ley 20-2017 del Departamento de Seguridad Pública (DSP), a los fines de identificar recursos para aportar al aumento del salario de los policías municipales y otros aumentos al salario base, que actualmente promedia $1,400 mensuales. “En menos de 10 años, la policía estatal se ha reducido en más de un 50% y son los cuerpos de la Policía Municipal los llamados a responder, a pesar de que cuentan con recursos bien limitados”, señaló.
Mientras, el alcalde de Arecibo, Carlos ‘Tito’ Ramírez Irizarry, señaló que que espera que el Departamento de Seguridad Pública (DSP) comparta con mayor detalle y frecuencia sus planes para manejar el problema del crimen. “Nosotros los Alcaldes estamos constantemente en las comunidades y tenemos información de primera mano que generan nuestros policías municipales. Desde mi punto de vista se requiere de acción adicional a lo que se está haciendo ahora. Reitero que todos los Alcaldes, sin excepción, estamos disponibles a ser parte de la solución. La coordinación interagencial es clave en este proceso”.
Por su parte, la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado González, expuso que “desde mi punto de vista, basado en las experiencias que he tenido y en conversaciones con expertos en el tema, es imperativo eliminar la llamada sombrilla que consiste el Departamento de Seguridad Pública (DSP), porque esa estructura lo que ha generado es una lucha de poder, cuando la meta es combatir el crimen. Mi firme recomendación es que se conceda amplia autonomía a la Superintendencia de la Policía”. Finalmente, la alcaldesa de Barceloneta, Wanda Soler Rosario expresó que “el Negociado de la Policía y el gobierno deben hacer un esfuerzo para atraer nuevos policías y mantener los que son parte de esa fuerza. De igual forma se necesita un plan interagencial que incluya otras agencias con el fin de presentar alternativas de educación y prevención para atender el aumento en la criminalidad”.