Por: Dr. Howard Caro-López
La casa de cartas se cae en Puerto Rico. En tan solo poco más de una semana se desató una ola de arrestos, sentencias e investigaciones relacionados a varios casos de corrupción por oficiales públicos. Estos incluyen los arrestos de los alcaldes de Aguas Buenas y Humacao; el inicio de una pesquiza de alegados sobornos por contratos otorgado por el Alcalde de San Juan; La sentencia de la ex-senadora del PPD Maritere Gonzalez por presuntamente recibir pagos del convicto exrecaudador del PPD Anaudi Hernández para saldar deudas de campaña; la radicación de cargos contra Joseph “Joey” Fuentes, por violar la ley electoral de Estados Unidos al falsificar, ocultar o encubrir la identidad de los donantes a la campana electoral del Gobernador Pierluisi, cuyas contribuciones políticas recibió y las encauzó a través de unas entidades fantasmas. Y para acabar la admisión de la ex-gobernadora Wanda Vasquez de que anticipa que será acusada por las autoridades federales por supuesto fraude electoral.
Los casos de corrupción política de por sí tal vez no causan tanto estremecimiento a nivel individual para muchos puertorriqueños. Ya la mayoría de la gente en Puerto Rico aceptan que la corrupción y la falta de transparencia en la política es una triste realidad. Pero creo que pocos podían imaginarse que explotaran tantos casos en cuestión de días, como si se abrieran las compuertas de una presa desbordada. Hasta la persona más cínica se sorprende de la velocidad en la que van saliendo estos incidentes a la luz pública.
Ya deberíamos estar, sino preparados, al menos consciente de que algo así se avecinaba, dado el incremento en estos casos a través de las últimas par de décadas. Hay factores sociales que aportan a este problema, incluyendo el colapso del modelo político y económico del ELA; las restricciones y políticas de austeridad impuestas por la JCF que, si somos francos, buscan exprimir sangre del cadáver de la colonia; y la creciente apatía y desilusión de muchos (particularmente electores de las generaciones mayores) con los partidos históricos que les abre paso a que ejercen poder con poca transparencia o fiscalización; y el cambio demográfico donde muchos puertorriqueños han votado con las maletas para buscar mejor calidad de vida en los EEUU y hasta en República Dominicana.
En fin, la corrupción es más bien síntoma de otro problema más amplio, que es el declive de las instituciones coloniales bajo las cual Puerto Rico ha operado por más de un siglo desde la toma del archipiélago por los EEUU. Aunque el número de personas que votaron por alternativas electorales nuevas ha aumentado significativamente (ya cerca de una tercera parte del electorado votó por un partido que no era el PPD o PNP) aún no se ha proclamado de manera contundente “basta ya de la relación política actual.” Muchos anexionistas, aunque reconocen que la descolonización es la solución, aún se aferran a un partido que para los efectos se nutre de las instituciones decadentes dentro de la colonia. Mientras tantos los otros partidos anticoloniales, aunque claros en que la soberanía es la transición requerida, por ahora no han logrado fundirse en una frente unido para romper el tranque de los partidos coloniales tradicionales. Estos son los retos principales para las fuerzas políticas que buscan acabar de una vez por todas con el zombie del ELA, pero al menos podemos guardar algún optimismo de que hay potencial para un cambio y un creciente deseo para que se de.
Dicho esto, ponerle fin al ELA, sea por la vía de anexión o por independencia, no sería de por sí panacea para el deterioro de las instituciones públicas en Puerto Rico. Habrá una tendencia fuerte de cargar con las mismas estructuras dentro de una nueva fórmula de estatus, que de darse crea el riesgo de fomentar una cultura de transparencia limitada, donde el baile de los buitres que se lucran a cuenta del ciudadano seguirá. Por eso para los que ansiamos un cambio y buscamos una opción más allá del PNP o PPD, no basta con promesas de gobernar de manera transparente. Falta también una visión clara para reestructurar el servicio público a base de mérito, más estricta separación legal de empleados de carrera con entes partidistas, reformas electorales que incentivan donaciones pequeñas individuales, y un foro oficial papel donde ciudadanos fiscalicen donativos y contratos. También tal vez requiere una visión nueva de gobernar a base de constatación directa de constituyentes, similar al modelo en Porto Alegre, Brasil. En fin, existen vías para mover hacia mayor transparencia y bailar a otro son.