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La Alianza de Empleados Activos, Jubilados y Movilizados de la AEE pidió hoy a los presidentes de los cuerpos legislativos, Rafael “Tatito” Hernández en la Cámara y José Luis Dalmau en el Senado, de igual forma a todos los portavoces de todas las delegaciones, actuar sobre cualquier acuerdo para la reestructuración de la deuda de la AEE y crear legislación que condicione cualquier acuerdo en defensa de los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico y que no conlleve aumentos en la factura.
“La cancelación del RSA demuestra una vez más lo que hemos venido diciendo que el acuerdo no era viable. Ahora le estamos pidiendo a la Legislatura que aprueben legislación para que no permita el aumento de tarifa como garantía de pago y de bonos nuevos. Los legisladores tienen, literalmente en sus manos, la decisión de no permitir otro aumento en la factura para pagar bonos que se emitieron ilegalmente. Este aumento perjudicaría al desarrollo económico del País y al bolsillo de todos los consumidores. La Legislatura debe aprobar legislación que no permita el pago a bonos cuya validez está seriamente cuestionada”, explicó Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la UTIER.
La Alianza, compuesta por miembros de la UTIER, Asociación de Gerenciales, Asociación de Jubilados, Distrito Autónomo Antonio Luchetti y la Unión de Empleados Profesionales Independiente hizo su pedido en una carta que envió a los presidentes de la Legislatura donde también exigen una auditoría de la deuda de la AEE.
“La deuda de la AEE no debe pagarse, en todo ni en parte, sin una auditoría previa y una determinación judicial sobre la validez de dichos bonos. La Junta y el Gobierno tienen que auditar y litigar la validez de esas reclamaciones. En ese sentido, los legisladores no deben ser sello de goma para autorizar pagos a estos bonos fatulos”, detalló Abraham García, presidente de la Asociación de Empleados Gerenciales.
Los portavoces insistieron en que la Legislatura no debe autorizar el pago de bonos no asegurados, como si estos fueran asegurados. Mucho menos, debe convertir los bonos actuales que son no asegurados, en bonos asegurados mediante cualquier RSA y el plan de ajuste de deuda que tenga que radicar.
El “Trust Agreement” especifica el alcance de los derechos que tienen los acreedores de bonos de la AEE. Establece que los bonistas no son acreedores que merezcan el pago de la totalidad de sus créditos, porque solamente cobran en caso de que se paguen todas las obligaciones operacionales de la AEE y los pagos correspondientes por las aportaciones al Sistema de Retiro de los empleados de la AEE. Ahora mismo, la AEE le debe al Sistema de Retiro más de $800 millones y según las reglas de juego con la que compraron esos bonistas, nos tienen que pagar a nosotros primero y no al revés”, sentenció Rafael Hernández, presidente del Distrito Autónomo Antonio Luchetti (DAAL).
El grupo añadió, además, que un efecto inmediato de cualquier acuerdo de reestructuración que no esté condicionado a lo que están solicitando los miembros de la Alianza contribuirá a que el Sistema de Retiro sea insolvente, obligando a la AEE a autorizar otro aumento en la tarifa para solventar las obligaciones que tiene con los pensionados.
“Cualquier acuerdo que no audite la deuda y se litiguen los bonos que están cuestionados con los bonistas, pone en riesgo nuestras pensiones de los activos y jubilados, pero también hace que se pueda volver a subir la factura. Ya estaríamos hablando de dos aumentos más y solo por pagarle a quienes no merecen ni un solo centavo. El plan del ajuste de la deuda de la AEE no puede estar basado en pagos sustanciales a los bonistas, va a conllevar aumentos que harán que el costo de operación de los negocios en Puerto Rico sea intolerable y que se agudice la crisis de desigualdad porque habrá mucha gente que no podrá pagar su factura de luz”, sostuvo Johnny Rodríguez presidente de la Asociación de Jubilados.
Por otra parte, hicieron un llamado a la Legislatura para que apruebe legislación que reduzca la deuda a niveles realmente sostenibles, que proteja a los consumidores y los acreedores prioritarios como los trabajadores y el Sistema de Retiro de los Empleados de la AEE.
“La ley PROMESA le concede a la Legislatura el poder absoluto e incuestionable de aprobar la legislación que controle el plan de ajuste de la deuda. Esta facultad ha sido reconocida por la jueza Laura Taylor Swain. Sin esa legislación, la Junta no podría confirmar un plan que va a ser en detrimento del Pueblo de Puerto Rico. La Legislatura debe aprobar legislación de un plan de ajuste de deuda para la AEE, solo si no representa un aumento en la tarifa, mantiene el modelo de beneficio definido del Sistema de Retiro de la AEE, no implica recortes a las pensiones de los pensionados de la AEE, garantiza el pago puntual y completo de las aportaciones patronales al Sistema de Retiro incluyendo deuda corriente y deuda actuarial, respeta las prioridades del “Trust Agreement” en donde primero hay que cubrir los gastos operacionales y los pagos al Sistema de Retiro y lo que sobre será para los acreedores de bono entre otras instancias que detallamos en la carta”, puntualizó Figueroa Jaramillo.
El grupo explicó que debe avalarse legislación de un plan de ajuste de deuda para la AEE, solo si:
1. No representa un aumento en la tarifa que la eleve por encima de los 20 centavos por kilovatio hora.
2. Cumple con la ley PROMESA en cuanto a proveer financiamiento adecuado al Sistema de Retiro de la AEE.
3. Mantiene el modelo de beneficio definido del Sistema de Retiro de la AEE.
4. No implica recortes a las pensiones de los jubilados de la AEE.
5. Respeta las prioridades del “Trust Agreement” en donde primero hay que cubrir los gastos operacionales y los pagos al Sistema de Retiro y lo que sobre será para los acreedores de bono.
6. No implica mejorar como asegurados la clasificación y categoría de los bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica y que cualquier nueva emisión esté sujeta a las limitaciones del “Trust Agreement”.
7. No representa un desmantelamiento mediante subsidiarias u otro modelo o la liquidación de la Autoridad de Energía Eléctrica y su cesión a los intereses privados.
8. No implica el apartarse de la política pública sobre energía renovable y que se cumplan con las metas de la Ley 17-2019.
9. Garantiza el pago puntual y completo de las aportaciones patronales al Sistema de Retiro incluyendo deuda corriente y deuda actuarial.
10. Que se cumpla con lo establecido en la Ley 120-2018 sobre las garantías y reconocimiento de los convenios colectivos, sus representantes sindicales y los derechos adquiridos de todos los trabajadores y trabajadoras de la AEE.
11. La Junta de Supervisión Fiscal no repudia los convenios colectivos ni el Sistema de Retiro de los Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica utilizando la Sección 365 del Código de Quiebras Federal o la doctrina de campo ocupado o “preemption”.
12. El Negociado de Energía hace una evaluación independiente y rigurosa de cualquier acuerdo o plan de ajuste de deudas para que determine si cumple con todas las políticas energéticas vigentes y con la viabilidad de las operaciones de la AEE.
“Esta Legislatura tiene que asumir su responsabilidad histórica de no permitir cualquier acuerdo que sea perjudicial para la salud financiera del Pueblo de Puerto Rico. De esta Legislatura no aprobar legislación que no implique aumentos a la tarifa de energía eléctrica, y sin las condiciones antes mencionadas que protejan al Pueblo de Puerto Rico, será la única responsable de todas las consecuencias funestas que se avecinan con el pago de deuda ilegal e insostenible, porque tuvieron la oportunidad de detener esos aumentos y consecuencias terribles, y no actuaron para proteger adecuadamente los intereses de Puerto Rico”, Rafael Hernández, presidente del DAAL.