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La Comisión de Desarrollo Económico, presidida por el representante Luis Raúl Torres Cruz, recibió hoy, lunes, el análisis del director de política pública del Centro para una Nueva Economía (CNE), Sergio M. Marxuach Colón, sobre la Resolución de la Cámara 136, que realiza una investigación sobre el contrato de la Autoridad de Energía Eléctrica y LUMA Energy.
Una de las principales preocupaciones de Marxuach Colón es que en los 15 años que va a estar LUMA en Puerto Rico, no se pueda adelantar una transformación justa, moderna y resiliente del sistema eléctrico del archipiélago.
Para el experto en políticas, economía y leyes, “el problema que enfrentamos sobre (la transacción) es uno extremadamente complicado que no se resuelve con soluciones binarias o simplistas “a favor o “en contra de LUMA”, sentenció el director de política pública del CNE.
“La realidad objetiva es que la AEE es un desastre en todos los sentidos de la palabra y el acuerdo con LUMA Energy es deficiente. Ambas cosas son ciertas”, mencionó Marxuach en su ponencia verbal.
También, el licenciado explicó a los representantes, las razones por las cuales la AEE terminó quebrada, algunas de las deficiencias principales del acuerdo con LUMA Energy y realizó varias recomendaciones sobre cómo atender algunas de estas fallas.
Según Marxuach Colón, la conclusión ineludible es que la AEE simplemente no puede seguir operando como la ha hecho hasta ahora. “Coincidimos con el gobierno de Puerto Rico, así como con varias otras organizaciones, en que ha llegado el momento de tomar acciones drásticas con respecto a la AEE, ya que ha demostrado ser incapaz de reformarse y ha sido inmune a los esfuerzos de varias administraciones para modernizar y mejorar sus operaciones”, sentenció.
Por otro lado, el experto en economía, también mencionó que, en Puerto Rico, entre los diversos grupos de interés, tales como suplidores, partidos políticos, beneficiarios subsidios, uniones, bonistas, banqueros, existe un comportamiento conocido como “cacería de rentas”.
“Este fenómeno dificulta el cambio en la estructura de la AEE, ya que cada uno de los grupos que se benefician del status quo, están bien organizados y tienen un interés fuerte en proteger sus beneficios, mientras los consumidores están desorganizados y los costos de actuar colectivamente exceden el beneficio individual que recibiría cada uno”, anotó Marxuach, quien también, se desempeñó como subsecretario de Comercio y Desarrollo Económico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
En base a las recomendaciones del experto invitado, cualquier transacción para la transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico “necesita tomar en cuenta la conducta depredadora de los grupos de interés internos y externos a la AEE que se benefician de la situación actual y proveer mecanismos para limitarla o eliminarla”, expresó la declaración escrita del CNE.
“Si el proceso de privatización actualmente favorecido se limita simplemente a transferir los activos o la operación de una empresa corrupta en el sector público a un grupo de inversionistas en el sector privado, sin interrumpir o desmantelar la red de cacería de rentas que hemos descrito anteriormente, entonces no habremos logrado absolutamente nada”, expresó.
Como parte de los hallazgos de la investigación del CNE, grupo expertos sin fines de lucro y no partidista, “les preocupa que el gobierno de Puerto Rico aparenta carecer de la capacidad necesaria para negociar y gestionar con éxito este tipo de proceso complejo de múltiples niveles y varias dimensiones de implementación que se entrecruzan y se refuerzan entre sí”.
“En nuestra opinión, el gobierno de Puerto Rico necesita desarrollar una mayor capacidad para establecer claramente los objetivos de política pública que se quieren lograr y para negociar exitosamente este tipo de acuerdo, si se desea continuar con la política de alianzas público-privadas en el futuro. El curso de acción más prudente en este momento es renegociar el Acuerdo con LUMA para asignar y equilibrar mejor los riesgos entre las partes. Si se llega a la conclusión de que los defectos del Acuerdo no se pueden remediar, entonces se debe considerar su cancelación”, expresó Marxuach Colón.
La vista pública se realizó en modalidad remota, en cumplimiento con las medidas de la Cámara de Representantes contra el COVID-19.