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Por: Eunice Ortiz / Estudiante Maestría en Trabajo Social
La violencia de género es un problema de seguridad y salud pública que puede ocurrir en la familia, el trabajo, la escuela, la universidad, la iglesia o la comunidad. Se sostiene por un sistema patriarcal que establece superioridad, poder y control de los hombres sobre las mujeres. El Observatorio de Equidad de Género indicó en su informe Feminicidios, Desapariciones y Violencia de Género (2023), que desde enero hasta el 14 de noviembre de 2023 han ocurrido 63 feminicidios. Estas cifras son preocupantes en tiempos donde nada nos asegura no ser la próxima asesinada.
Como mujer joven y trabajadora social en formación, cada vez que veo un nuevo incidente de violencia de género, siento profundo dolor, tristeza e impotencia. Es notable el desinterés del Estado para atender con premura la violencia de género que nos arropa. Pareciera que hemos normalizado perder a nuestras mujeres a manos de la violencia machista. Todos los casos nos estremecen. Elevan preguntas sobre la efectividad de los mecanismos del gobierno para atajar esta problemática social. Las acciones gubernamentales para atender esta problemática se quedaron en una Declaración del Estado de Emergencia estampada con una fecha de vencimiento. Como si la violencia de género tuviera una fecha límite.
La Universidad de Puerto Rico ha participado en mesas de diálogo para abordar la violencia de género, pero los esfuerzos no han sido suficientes para gestar estrategias de prevención en la universidad. No es novedad que la UPR protege a profesores, empleados y personas aledañas a la comunidad que han violentado física, psicológica y sexualmente a estudiantes. Así queda evidenciado con las denuncias que se reportan en la universidad, donde los procesos quedan en nada o son archivados.
Como estudiante a nivel graduado, considero que, a la administración universitaria, le falta voluntad y labor por realizar en materia de educación, prevención y fortalecimiento de los servicios de apoyo para estudiantes. Los recortes presupuestarios a la universidad han impactado proyectos como Siempre Vivas Metro dirigidos a erradicar la violencia de género. El personal de seguridad no cuenta con las destrezas necesarias para trabajar situaciones de esta índole, colocando a las estudiantes en mayor riesgo y vulnerabilidad. La pobre seguridad en el campus provoca temor, incertidumbre y miedo en lugar que supone sea seguro para estudiar.
Sin embargo, la esperanza de una sociedad libre de violencia hacia las mujeres sigue mediante proyectos como la campaña de los 16 días de activismo contra la violencia de género coordinada por el Colegio de Profesionales del Trabajo Social (CPTSPR). Esta campaña ocurre desde hace 11 años con el apoyo de organizaciones públicas y privadas, universidades, asociaciones profesionales, programas de servicios y personas solidarias. Invitamos a seguir y participar de la campaña a través de la página del CPTSPR, www.cptspr.org, donde encontrarán actividades de prevención coordinadas por los grupos durante estos 16 días. También la guía socioeducativa de actividades para realizar en familia, comunidad, organizaciones y de manera individual.
Nos urge parar de normalizar la violencia de género. No más órdenes ejecutivas con esfuerzos parciales para silenciar la existencia de esta problemática. Necesitamos tomar rutas hacia la prevención en todos los niveles para construir una sociedad libre de violencia. Tomar acción ante la violencia de género es un asunto de derechos humanos y justicia social.