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Por: Aracelys Otero Torres / Relacionista Lic R53
Recientemente, los representantes del Partido Nuevo Progresista Wilson Román, José “Memo” González y Yazzer Morales, radicaron el Proyecto de la Cámara 1644. Este pretende, entre otros, imponer una pena de hasta 25 años de cárcel a mujeres que se practiquen un aborto dentro de las primeras 10 semanas de gestación. También establece que toda mujer que procure de cualquier persona alguna medicina, droga o sustancia, y la tome para provocar un aborto, será sancionada con pena de cárcel por un término fijo de tres a 25 años.
Fueron múltiples las expresiones en contra de la medida legislativa. Luego de leer el proyecto, que consta de apenas cinco páginas, es lamentable que tres hombres utilicen el poder facultado en la Constitución del Estado Libre Asociado de PR, para someter legislación para las gradas o conocida como populista. Una legislación sin datos estadísticos que sostengan el por qué debe aprobarse o qué problema resuelve y que despacha un tema tan importante como lo son los derechos de los seres humanos, en este caso las mujeres, con un puñado de oraciones. Más triste es conocer de la radicación del proyecto, durante la semana que celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
Es de conocimiento público las luchas que por décadas enfrentan las mujeres para lograr la equidad que tanto aspiran. Todavía hoy día esas luchas continúan. Según datos de las Naciones Unidas un 37% de las mujeres del mundo carecen de acceso a la tecnología y 22% ocupa puestos relacionados con las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Mientras, datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) reflejan que existen alrededor de 31 millones de niñas en edad de cursar grados primarios que carecen de acceso a la educación y 2/3 partes de las 774 millones de personas analfabetas que hay en el mundo, son mujeres. La Organización Médicos del Mundo informa que existen países donde la tercera causa de muerte es la práctica de abortos inseguros. Esto, consecuencia de la prohibición o restrincción del aborto.
Imponer una pena de 25 años de cárcel a una mujer por decidir sobre su vida es irresponsable, inaceptable y un retroceso en la lucha por mayores derechos a las mujeres. De igual forma la medida pretende castigar a aquellos que colaboren con una mujer en su derecho de poner fin a un embarazo. Continuar o terminar un embarazo es una decisión única y exclusiva de la mujer.
Sólo los legisladores autores conocen la verdadera razón para la radicación del proyecto. En mi opinión, parece una medida para complacer algún sector. Puerto Rico necesita legislación que resuelva los problemas de los ciudadanos, que adelante causas que representen mejores oportunidades y en el caso particular de las mujeres, necesita legislación que acabe con la diferencia entre el hombre y la mujer. Radicar legislación que contribuya a la desigualdad, a la falta de equidad y a la limitación de derechos es injustificable.