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Por Aracelys Otero Torres / Relacionista Lic R 53
Arrestos de alcaldes y de funcionarios del gobierno a nivel estatal y municipal por actos de corrupción son un escollo para aquellos que decidan aspirar a candidatos en una nueva ronda electoral. A poco más de dos años de las próximas elecciones generales, los aspirantes se enfrentan a grandes retos donde el mayor de ellos, a mi entender, es el escrutinio por parte del pueblo debido a la desconfianza que tienen en los líderes. Liberarse de la corrupción, que impera en el país y de la lacerada imagen de los partidos políticos es un reto en todos los renglones.
El surgimiento de nuevos partidos políticos tampoco representó una marcada diferencia de lo que ordinariamente se acusa a los partidos tradicionales. Un análisis superficial evidencia que representantes de todos los partidos políticos están vinculados, en mayor o menor grado, con incongruencias en la radicación de documentos financieros, actos de corrupción, incumplimiento de leyes ambientales, entre otros.
Las agencias fiscalizadoras como el Departamento de Justicia, la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente y la Ética Gubernamental, por mencionar algunas, carecen de total credibilidad. A esto se suma el silencio, la falta de acción en implementar medidas correctivas e impunidad por parte del gobierno central. Peor aún, en los últimos cuatrienios las tres figuras máximas del gobierno, Ricardo Rosselló, Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi fueron vinculados con actos de corrupción.
De cara a una nueva ronda electoral los aspirantes deberán realizar un análisis exhaustivo sobre el sentir de los ciudadanos a quienes representarán. Los partidos deberán reenfocar sus estrategias y definir su norte. Deben pensar más allá del candidato que les representará y centrarse en su mensaje. ¿Qué les hace diferente, qué valores representan y cómo estos atienden o se acercan a las necesidades del pueblo así como qué medidas implementarán para combatir la corrupción. Ese mensaje debe estar dirigido a retomar la confianza del pueblo, a evidenciar con acciones el mensaje que transmitan y a apegarse a ese mensaje para que sus palabras sean cónsonas con sus actos.
Las consecuencias de la corrupción son múltiples y de difícil medición. Incluyen la cantidad de dinero sustraído, el impedir la libre competencia, la reducción de inversión y el deterioro de la imagen del país. Todos tienen un impacto directo en el ofrecimiento de servicios a la gente. Recordemos que Puerto Rico atraviesa un momento histórico, en el cual recibe millones de dólares en fondos federales para la reconstrucción del país. Fondos destinados a atender las necesidades de la gente que si son manejados de forma inadecuada pueden perderse.
Es momento en que aquellos que tienen intención de servir desde el gobierno se sumen como alternativas reales. Que tengan la convicción de devolver la esperanza al país y que con sus actos evidencien que sí se puede servir con transparencia, respeto y con el oído puesto en tierra. Que las políticas públicas que implementen vengan de la comunidades y en beneficio de ellas. Para lograr esto tenemos que creer que es posible.