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Por: Lic. Gerardo Cruz Maldonado
“Mi norma a seguir, desde el primer día, ha sido que la Junta propuesta debe tener la autoridad de supervisar al Gobierno de Puerto Rico. PROMESA cumple con esa norma”. Estas fueron las expresiones del entonces comisionado residente de Puerto Rico, Pedro Pierluisi el día que se aprobó en el Congreso de los Estados Unidos, la Ley Promesa mediante el H.R. 5278. Ley, que cuando se aprobó en el Senado de EEUU, el portavoz del líder de la minoría demócrata del Senado, Harry Reid, se reconocía que la Junta de Supervisión Fiscal podría anular cualquier ley por parte del Gobierno de Puerto Rico que considere una violación de “Promesa”. También, puede obligar al gobierno puertorriqueño a vender activos, fusionar agencias y despedir empleados gubernamentales.
Pasadas las elecciones generales de 2016, Pierluisi, se convirtió en el abogado de la junta, al son de $400.00 la hora. Se cuestionó en cierta ocasión que el entonces asesor legal, facturó millones de dólares provenientes de fondos públicos. En una ocasión, cobró por participar en una reunión de seis horas sobre asuntos de la AEE, mientras era cabildero de AES Puerto Rico, empresa dueña y operadora de la planta de carbón en Guayama, que tenía dos reclamaciones en el tribunal contra la AEE.
En el 2019, ante la renuncia de Ricardo Rosselló, y la vacante creada en el Departamento de Estado, el gobernador nombró a Pedro Pierluisi para llenar esa importante posición, con la obvia intención de convertirlo en el primer gobernador constitucional del País. Durante la Sesión Extraordinaria celebrada en el Senado, el entonces presidente de ese Cuerpo, Tomás Rivera Schatz, expresó que el Senado nunca prestó consentimiento a la designación de Pierluisi y por lo tanto su juramentación era nula y que actuaba ilegalmente como gobernador. En esa ocasión, Rivera Schatz, le cuestionó sus lealtades a favor de la Junta. Días más tarde, el Tribunal Supremo intervino y Pierluisi duró un fin de semana en La Fortaleza.
En realidad, en todos estos años, Pierluisi está más vinculado a la Junta de Supervisión Fiscal que ningún otro funcionario público en Puerto Rico. Fue el funcionario de más alto rango ante el gobierno federal en el 2014 para abogar por su aprobación mientras fue comisionado residente. Luego, fue uno de los asesores legales que cobró millones de dólares a través de su bufete, mientras se adoptaban medidas de recorte en los sistemas de retiro, se le quitaba fondos a muchas agencias estatales y a gobiernos municipales.
Ahora como gobernador, nos anuncia una “nueva era”, dando la impresión de que estamos cerca de salir de todo este entuerto, pero la realidad es otra. Miles de servidores públicos perdieron sus empleos, se paga más cara la luz y la inflación nos consume. Pero para Pierluisi, es una nueva era. Como quien dice… “colorín colorado, este cuento se ha acabado.” El Plan de Ajuste Fiscal nos condena a cuatro décadas de pago a los bonistas. ¿En dónde puso las lealtades el gobernador al final de este cuento?