 |
Por: Dr. Howard Caro López
En las últimas semanas se desató un incidente lamentable en Rincón con una respuesta bochornosa de parte del gobierno actual en Puerto Rico. Al final de julio un grupo de activistas ambientales y ciudadanos participaron en una manifestación en el edificio condominio Sol y Playa en Rincón. La protesta fue en oposición a la construcción de una piscina para el condominio, que eliminaría acceso a una parte de la playa Los Almendros donde queda ubicada, y que además destruye el hábitat de tinglares. La respuesta del Gobernador causó aún más controversia y rencor, al enviar un contingente de policías con el pretexto de mantener el orden, pero con el efecto de defender el proyecto de construcción y los residentes del condominio. Por ahora la decisión de la Junta de Planificación de paralizar el proyecto ha calmado los ánimos, aunque el conflicto ahora se llevará a cabo en los tribunales.
Aunque afortunadamente la ciudadanía ayudó a traer atención a un proyecto de desarrollo con impactos negativos, lamentablemente a través de muchas partes del archipiélago este tipo de proyecto se ve con más frecuencia y en muchos casos con poca visibilidad. A través de Rincón, al igual que en otros municipios costeros como Río Grande, Ceiba, y Dorado se está viendo una expansión significativa en proyectos de desarrollo de vivienda privada de alto costo en las áreas de la costa.
Tampoco es un fenómeno nuevo. Algunos lectores se acordarán de las manifestaciones que se dieron hace un tiempo atrás con el proyecto de Paseo Caribe en San Juan, un proyecto de vivienda privada y espacio comercial que fue fuertemente criticada por limitar el acceso al histórico fortín de San Gerónimo. Cuando tomamos cuenta cada uno de estos proyectos, uno comienza a percatarse del patrón que se lleva dando ya por varias décadas, donde el acceso a nuestras playas y costas se están restringiendo a consecuencia del desarrollo.
Hay personas que plantean situaciones como las que están dando en Rincón es producto de un plan coherente de planificación en la isla, y no es así. En las últimas dos décadas el gobierno de Puerto Rico ha otorgado varios permisos y exenciones contributivas para la construcción de varios proyectos de vivienda de lujo, principalmente para atraer inversionistas de los Estados Unidos (EEUU), como estrategia de estímulo económico. Esto incluye exenciones contributivas para la industria hotelera (Ley 74-2010) y para incentivar el traslado de individuos inversionistas a Puerto Rico (Ley 22-2012), las cuales eximen el pago de contribuciones a nivel local. Estas acciones gubernamentales han estimulado la expansión de propiedades de lujo en las áreas costeras a través del archipiélago, tanto hoteles como residencias privadas, para capturar la demanda de inversionistas fuera de Puerto Rico.
A corto plazo estas medidas han generado actividad económica para Puerto Rico post-María, mas sin embargo el beneficio de esta estrategia económica para la mayoría de los puertorriqueños es incierta. Como generador de empleo hay motivo para guardar dudas, dado que gran parte de los empleos creados son en el sector de servicio que suelen ser de salarios bajos. Tampoco, hay certeza de cuánto se benefician comerciantes locales con la actividad turística de lujo o de individuos que compran propiedades para veranear en Puerto Rico, ya que la actividad se da en áreas limitadas. También debemos tomar en cuenta que a largo plazo Puerto Rico seguirá compitiendo con otras zonas turísticas en el caribe donde el costo laboral y operacional es más bajo que el de Puerto Rico.
Encima de esto está el problema más grande del impacto ambiental que tiene este modelo de desarrollo. En el caso más reciente en Rincon, los manifestantes señalaron la destrucción de un lugar que los tinglares utilizan como nido- un patrón que se ha visto por mucho tiempo en otras partes de Puerto Rico. Existe también el peligro de erosión a consecuencia del desarrollo costero, según se destruyen manglares, arrecifes y áreas playeras que crean barreras contra la entrada del mar. Basta con ver cómo han ido desapareciendo playas y áreas costeras en lugares como Ocean Park en San Juan, Fajardo y Aguada para encontrar los impactos de las políticas actuales.
En fin, no nos debe sorprender que comunidades locales y activistas están diciendo “basta ya” a estos proyectos costeros de lujo, al ver como se vende uno de los recursos naturales más importantes de nuestro archipiélago a intereses creados extranjeros y dejando nuestros pueblos cargar con los impactos negativos a largo plazo. A falta de una estrategia coherente para conservar las costas para el bien colectivo, falta poco para que seamos un pueblo excluido de nuestras propias playas.