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La Comisión de lo Jurídico, presidida por el representante Orlando Aponte Rosario, aprobó el lunes, a través de una vista de consideración final, el Proyecto de la Cámara 19, que busca aclarar los derechos o beneficios que ostentará un exgobernante y eliminar la discreción del Comisionado de la Policía para proveer escoltas a un exfuncionario.
La medida, de la autoría del representante Aponte Rosario y la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), fue aprobada con una enmienda presentada por la representante Mariana Nogales Molinelli del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC). El cambio propuesto por la portavoz del MVC, determina que el Negociado de la Policía proveerá seguridad y protección a funcionarios públicos que así lo soliciten cuando la naturaleza o circunstancias de su puesto le exponen a riesgos o amenazas a su vida o integridad física, en cuyo caso, no más de dos agentes serán destacados para su protección personal, la cual se limitará a horas, días y actividades durante las cuales el funcionario esté realizando funciones oficiales.
“Esta enmienda es acorde con el espíritu de este proyecto. Necesitamos a los policías en los cuarteles y donde puedan atender mejor a la gente. Limitar la cantidad de agente a dos, principalmente, va a tono con la limitación de los recursos policiacos que enfrenta la isla”, recalcó Nogales Molinelli.
La medida, aprobada con seis votos a favor, recibió reparos por parte de los representantes José “Quiquito” Meléndez Ortiz y Héctor Ferrer Santiago. “Puedo entender la motivación de la enmienda, para evitar ver las guaguas negras por ahí detrás de funcionarios, pero acá (en la legislatura) no somos expertos en seguridad y protección. Los criminales o los que amenazan la vida de los funcionarios, no solamente lo hacen en horas laborales. No podemos imponer una camisa de fuerza al cuerpo de la Policía con la cantidad de agentes que podrán utilizar”, argumentó Meléndez Ortiz.
Por otro lado, en la vista, también se aprobó de manera unánime el Proyecto de la Cámara 283 de la autoría del representante José E. Meléndez Ortiz, que pretende enmendar las reglas 112 y 151 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, para establecer que el veredicto rendido por los jurados deberá ser unánime para que este pueda surtir efecto.