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El Senado de Puerto Rico aprobó en la sesión del jueves, 28 de enero la resolución número 71, de la autoría de la senadora Migdalia González, que busca expresar el más firme apoyo del alto cuerpo legislativo a la iniciativa de celebrar los Juegos Centroamericanos y del Caribe del año 2022, en la ciudad de Mayagüez.
“Esta Asamblea Legislativa tiene la obligación de apoyar a la ciudadanía en sus proyectos sociales y económicos, especialmente en momentos de grandes retos como los que vive Puerto Rico. La Región Oeste se merece nuevamente, tener la oportunidad celebrar un evento deportivo de envergadura internacional que tiene la oportunidad de repetir el éxito de Mayagüez 2010, evento que impactó positivamente a todo Puerto Rico”, mencionó la senadora González quien también agradeció a sus compañeros senadores por apoyar la resolución de forma unánime.
La Fundación Mayagüez 2010 realizó un estudio que determinó la viabilidad del evento y asegura que puede ser considerado como un proyecto de desarrollo económico para Puerto Rico, ya que tendría un retorno de inversión de $223 millones. A esto se añade, que el 85 por ciento de las instalaciones deportivas en la región están listas para ser utilizadas y solo se necesita una inversión mínima para mejorar la infraestructura.
“La celebración de unos juegos internacionales sería un evento ideal para reactivar la actividad turística en la Sultana del Oeste y los pueblos limítrofes, después de la paralización de la economía causada por la pandemia del COVID-19 y los terremotos del 2020. Aunque este impacto económico, deportivo y social se extendería a toda la Isla porque alguno de los eventos se realizaría en facilidades de la Región Sur y Norte”, añadió la también Presidenta de la Comisión de Desarrollo del Oeste.
“Está demostrado que si algo une a los puertorriqueños es el deporte, porque desata en todo el país, una sensación de unión y sentido de pertenencia y amor a la cultura. El impacto económico para Puerto Rico de los juegos celebrados hace 10 años tanto en la compra de insumos como en el valor añadido ascendió a $1,444 millones con una inversión final directa en obras públicas de $392 millones para un rendimiento neto social de 268%. Reiteramos que este éxito puede ser repetido para activar a una zona deprimida social y económicamente como consecuencia de los huracanes Irma y María, la tormenta Isaías, los terremotos del 2020 y el COVID-19”, terminó diciendo la senadora.