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Por: Aracelys Otero Torres/Relacionista Lic R 53
Noticias sobre la desaparición de menores, mujeres y víctimas de violencia de género son la orden del día. Recientemente, el Negociado de Seguridad Pública dijo que, al momento, en la isla, se reportaron 21 casos de mujeres desaparecidas o secuestradas. A esta cifra se suma las víctimas de violencia de género que, en este año, ascienden a seis.
Otro asunto que se une al alza en las estadísticas descritas, es el reclamo de organizaciones de la sociedad civil que urgen al gobierno tomar acción inmediata para minimizar la ola de violencia que enfrenta la isla. ¿Cuáles son las medidas implementadas por el gobierno central para atender el tema? La aprobación de proyectos de ley que carecen de seguimiento y resultados concretos, la disputa entre la procuradora de las mujeres, Lersy Boria y la gobernadora del país, Wanda Vázquez, la falta de datos estadísticos confiables al igual que la coordinación, uniformidad y consistencia en los datos para que puedan ser comparables y obtener resultados certeros.
Estas acciones evidencian que el gobierno de turno tiene trastocadas sus prioridades y fracasó en su responsabilidad de garantizar al pueblo la seguridad y confianza en las instituciones. Alguien tiene la obligación de explicarle al país, a esas familias que son víctimas de la violencia, qué hizo el gobierno para atender o remediar la situación. Cuando hablamos de mujeres desaparecidas, secuestradas o víctimas de la violencia de género, nos referimos a madres, hijas, sobrinas, nietas quienes son parte de un entorno familiar. Familias que viven la incertidumbre y la desesperanza de desconocer el paradero de su ser querido y que tienen como protagonista en sus vidas el sufrimiento.
Mientras esto ocurre en los hogares de los puertorriqueños, el gobierno ofrece la falsa impresión de atender el asunto. Recordemos las rondas de reuniones entre la gobernadora y organizaciones que laboran en pro de la mujer, que fueron ampliamente reseñadas en las redes sociales y los medios de comunicación. El resultado de las reuniones: cero. Recordemos el decreto por parte del gobierno de un Estado de Alerta Nacional por la violencia de género. El resultado, a más de un año de aprobado, no existe un plan concertado. La aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de la Alerta Rosa la cual activa un protocolo en el momento en que una mujer es reportada desaparecida. Hoy, las agencias responsables no tienen el protocolo a ejecutar.
Es inaceptable e irresponsable por parte del gobierno de turno la falta de acción ante tan importante tema el cual tiene consecuencias directas en la salud emocional del país. Las desapariciones, secuestros y la violencia de género impactan al núcleo familiar cercano, al extendido y amigos. El país necesita y clama una política pública coherente que combine elementos de concienciación y educación, la fase de seguridad, prevención e investigación. Hacerle frente a estos temas de forma consistente e inteligente es la manera más respetuosa y civilizada de evolucionar como sociedad.