Por: Lolimar Gomez Torres
El presidente estadounidense Donald Trump ha expresado en infinidad de ocasiones que nuestros políticos son los más corruptos. Hay un sector de nuestra población que aparentemente se han empeñado en que el Primer Mandatario incluya al resto del pueblo en ese grupo. Resulta insólito y hasta cierto punto incomprensible que personas en nuestra sociedad sin necesidad económica de clase alguna, pretendan defraudar al pueblo mediante reclamaciones al desempleo sin derecho alguno.
Este es el aparente caso de un grupo de estudiantes de una prestigiosa institución educativa en P.R. y de miles de empleados públicos. Estos últimos recibiendo la paga de su salario mientras permanecían en sus hogares por espacio de varios meses. El fraude de este sector a nuestro pueblo ocurre en momentos en que miles de compatriotas, padres y madres de familia pasaban vicisitudes para lograr acceso a esas ayudas. Gracias a este fraude, los funcionarios del Departamento del Trabajo se vieron imposibilitados en atender de manera efectiva las reclamaciones meritorias. El desmadre del gobierno es a tal magnitud, que nadie a podido explicar cómo es posible que tengan empleados en la nómina gubernamental y su vez hayan cualificado para los beneficios del desempleo.
Se hace imperativo una acción firme y correctiva por parte del Ejecutivo para evitar la recurrencia de estos eventos. Existe más que razón legal válida y justificada para solicitarle la renuncia inmediata a estos “servidores públicos”. Asi mismo, la devolución de ese dinero y aquellos que hagan caso omiso destituirlos y procesarlos criminalmente. La evidencia gubernamental para ese procesamiento administrativo y penal se encuentra a disposición del propio gobierno, ya que tienen en sus archivos las solicitudes, cheques expedidos y las instituciones bancarias que fueron cambiados y/o depositados. Recopilar toda esa evidencia es de fácil obtención. Requiere de la designación de un task force compuesto por un grupo de fiscales y agentes investigadores, que incluyan en su pesquisa la probabilidad que esto haya ocurrido por instrucciones recibidas por directivos del Departamento del Trabajo. Resulta altamente sospechoso que nadie en esa agencia se haya percatado de esta situación.
Estos mal llamados “servidores públicos” no merecen formar parte de la plantilla laboral de nuestro gobierno, habiendo en Puerto Rico profesionales de alto calibre honestos y bien preparados para ejercer esas funciones. Se le ha presentado una excelente oportunidad al gobierno para sacar todas esas manzanas podridas del servicio público y colocar en esos puestos personas con compromiso de trabajo en beneficio del pueblo. Pero pregunto, ¿Habrá la voluntad para tomar todas esas medidas en año electoral?