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Por: Howard Caro López, PhD
En estos días tuve una conversación con un amigo puertorriqueño no sobre el persistente problema de casos de corrupción e investigaciones contra oficiales públicos en Puerto Rico, a raíz de las imputaciones contra la gobernadora Wanda Vázquez y la representante María Milagros Charbonier. Este amigo, que se crió en Ponce, pero quien ya lleva muchos años viviendo en los Estados Unidos y no ha seguido muy de cerca de los sucesos en la Isla, me preguntó de manera sincera a qué se debe tanta investigación federal y casos de corrupción política . Y les confieso que me costó un poco dar una explicación considerada más allá decir que hay un déficit en la vocación de servicio público desinteresado o una cultura de corrupción en Puerto Rico.
Al reflexionar y analizar con más calma, pienso que esas explicaciones no son tan solo inadecuadas sino que también fomentan cierta apatía a el ejercicio político. Si bien es cierto que hay una “cultura” de corrupción en Puerto Rico, ese término a su vez crea cierto parálisis de atacar, ya que el concepto de cultura para muchos indica algo esencial de nuestro pueblo casi permanente, así como miramos el idioma o costumbres. Conformarnos con esa explicación simplista y francamente vaga es una manera de rendirnos ante un problema que en realidad tiene causas discernibles. Quisiera tocar un poco sobre algunos de esos factores que nos obligan a ver la corrupción no como un fenómeno cultural sino como un problema social colectivo, incluso para nosotros que no participamos en la política como tal.
El sistema político en Puerto Rico, hoy en día más, bien se caracteriza como clientelismo. En las ciencias sociales el clientelismo se refiere a un sistema donde los líderes políticos procuran el apoyo de constituyentes a cambio de un bien material o tangible. En otras palabras líderes políticos ascienden al poder de manera transaccional: candidato X asegura el apoyo electoral de constituyente y con la expectativa que al ganar ese constituyente recibirá un bien material de parte del gobierno de ese candidato cuando asume el poder. La pala política, en otras palabras. El clientelismo va más allá de un puesto de confianza que es costumbre en la política. Los numerosos contratos de “servicios profesionales” o “consultoría” que vemos a personas que son donantes políticos o que buscan votos a los candidatos, que ahora resulta en el los denominados “empleados fantasmas” es ejemplo de una política clientelista.
¿Y por qué esto es algo prevalente? Un factor importante es el peso grande que tiene el gobierno en la fuerza laboral. Según cifras del Censo de los EEUU del 2017, por ejemplo, más de una cuarta parte de los empleos en Puerto Rico eran en algún sector del gobierno, lo el que representa el doble del segundo sector laboral más grande, ventas al detal. Esta cifra se compara con la los estados en EEUU donde en promedio un 15 por ciento de los trabajos son en gobierno. Agrega a esto una contracción en otras sectores económicos en Puerto Rico, un proceso que empezó en los 1960 y se agudizó en la última década, y ya presenta un panorama donde el sector gubernamental toma un puesto central en la actividad económica. Esto nos da un contexto para ver cómo empleos y contratos gubernamentales se convierten en un incentivo para asegurar el apoyo de electores y figuras que movilizan votos.
Otro factor social importante en la ecuación de la corrupción es la participación cívica en nuestro pueblo. Lamentablemente hay poca información concreta sobre la educación cívica en Puerto Rico. Más sin embargo mi evidencia anecdótica personal indica que hay poco entendimiento de las funciones de nuestro gobierno y los mecanismos para que la ciudadanía pueda fiscalizar el trabajo de funcionarios electos, más allá del voto. En muchos casos hasta información sobre la obra gubernamental es escasa. La tarea de fiscalizar y exigir transparencia se convierte en sucio difícil para el constituyente. A esto se le agrega la crisis en la educación pública, con una reducción de un 43 por ciento en las plantas escolares, según un trabajo investigativo del Dr. Edwin Meléndez, Jennifer Hinojosa y Kathya Severino, del Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter College. Este fenómeno limita los recursos académicos básicos para muchas comunidades.
Un tercer factor clave en esta ecuación es el fenómeno de la migración en Puerto Rico, o la denominada “guagua aérea”. Ya la emigración en masa de muchos puertorriqueños en la última década y desde el huracán María es un fenómeno muy documentado, al igual que sus efectos en muchos aspectos de nuestra sociedad. La migración también juega un papel importante en cómo enfrentamos la corrupción política, ya que el patrón migratorio y la transitoriedad en la que viven los migrantes crea barreras para la participación cívica. Esto patrón se ha visto con los puertorriqueños que emigraron a Florida después de María.
El punto principal que busco hacer es que no debemos reducir la corrupción a un mero acto inmoral o peor, conformarnos con la idea que es una práctica cultural sin aparente remedio. La corrupción es un problema colectivo resultado de condiciones sociales tangibles y remediables. Con esto no pretendo minimizar el reto que representa la lucha contra este mal social – hay mucha tregua por delante. Pero para poder marchar hacia un gobierno transparente y de respuesta al constituyente necesitamos armarnos con el conocimiento de las raíces del problema, y que nos quede claro que es una solución que está a nuestro alcance.