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Por: Lolimar Gómez Torres
Si bien es cierto que el 2020 ha sido un año muy retante y difícil para todos los puertorriqueños, también ha quedado al descubierto la incapacidad del gobierno para hacerle frente a las emergencias y administrar a favor de un pueblo, todo ello pese a la asignación multimillonaria de fondos federales a Puerto Rico.
A pesar de la emergencia que todos hemos vivido, el COVID 19 ha traído consigo un ambiente favorable y como dirían en mi pueblo “a pedir de boca” para los candidatos que apuestan llegar o permanecer en el poder a cuesta de lo que sea. No podemos pasar desapercibido que esta emergencia ocurre en momentos próximos a unas primarias y posteriormente a unas elecciones generales. Aunque resulta mandatorio reconocer que la actual administración le ha tocado gobernar durante una crisis sin precedentes. Sin embargo, todas las desiciones tomadas han estado enmarcadas en un proceso primarista y lamentablemente Puerto Rico se ha convertido en rehén de ese proceso.
Han transcurrido tres meses y medio desde que el gobierno emitió un cierre total, como una medida cautelar y muy acertada, a raíz de la pandemia del coronavirus. Hace unas semanas se decretó una reapertura “casi total”. Lo que para algunos era necesario, pues entendían que aunque los casos continuaban en aumento, la economía no podía detenerse. Para otros, simplemente “sin salud” no podía existir economía. Mientras tanto, el gobierno ofrecía números de contagio que fueron puestos en duda, al tiempo en que pretendían que los puertorriqueños descansaran en su argumento que “Puerto Rico tenía menos casos de coronavirus que cualquier estado con una población similar”. Pero, lo que se encuentra en discusión es que en Puerto Rico al día de hoy no se han realizado una cantidad de pruebas sustancial ni tampoco se ha establecido un sistema de rastreo adecuado para ampararse en esa posibilidad.
Ahora, como parte de la exposición mediática, el nuevo enfoque del gobierno gira en torno a la llegada de viajeros a Puerto Rico a través del aeropuerto. Pero pregunto, ¿Por qué los ojos del gobierno están puestos en el aeropuerto como el foco de contagio en momentos en que se decreta una reapertura casi total? ¿No será esto una estrategia para posteriormente atribuir los aumentos al aeropuerto y no a la reapertura?
A esto se le suma, que han establecido que todo viajero que pretenda pisar suelo boricua debe traer un resultado negativo de COVID 19 de una prueba realizada 72 horas antes del viaje. Aquella persona que no traiga una prueba deberá permanecer en cuarentena. Pero hay una pregunta que se quedó sobre el tintero, ¿Cómo el gobierno va a garantizar que esa persona cumpla con los días que debe permanecer en cuarentena?
Son muchas las preguntas que aún quedan sobre la mesa. Por ello, resulta imperativo que el pueblo evalúe durante estos comicios electorales las acciones y aportaciones que tomaron durante esta emergencia, los candidatos que aspiran a puestos políticos. El momento en que vivimos requiere que seamos mucho más exigentes. Puerto Rico se lo merece.