Por Howard Caro-López, PhD
Dr. Howard Caro-López
La pasada semana el Lic. Carlos Díaz Olivo, analista político y activista estadista, en respuesta a las recientes manifestaciones en los Estados Unidos (EEUU) sobre el abuso policíaco contra ciudadanos afroamericanos, declaró en una columna editorial que el estatus colonial de Puerto Rico también es parte de las prácticas racistas que el gobierno de los EEUU sigue llevando a cabo contra sus ciudadanos no blancos. Díaz Olivo basó su argumento en la historia legal de los denominados Casos Insulares donde según plantea, el Tribunal Supremo de los EEUU justificó el estatus colonial de Puerto Rico (bajo la Cláusula Territorial) al argumentar que las distinciones lingüísticas y culturales de nuestro pueblo versus las del resto de los EEUU hacen a Puerto Rico una comunidad distante. Esa interpretación, nos dice el licenciado, es la que por más de un siglo ha justificado el estatus colonial de los puertorriqueños, aún siendo ciudadanos estadounidenses, y es una postura racista para privar a nuestro pueblo de los derechos democráticos que otorga la ciudadanía americana.
Díaz Olivo y yo coincidimos en el hecho de que la condición colonial de Puerto Rico afirmada con la imposición de la Junta de Control Fiscal- representa una denegacion de poder democrático por parte de los EEUU que le corresponde al pueblo atender por cuenta propia. Sin embargo, cuando ponemos el planteamiento del licenciado Díaz Olivo dentro del entorno social de Puerto Rico, surge una contradicción problemática que arroja luz al problema poco atendido del racismo en nuestro pueblo. Si bien es cierto, que el colonialismo es una expresión de racismo institucional (que al mirar la historia de pueblos colonizados desde la época de Colón hasta el día presente vemos que es así), qué responsabilidad tienen los que abogan por la estadidad para remediar esta práctica racista a también repudiar el racismo en Puerto Rico?
Lamentablemente, Díaz Olivo evita tocar el tema al hacer su planteamiento. ¿Y más aún, si el pueblo de Puerto Rico es víctima del racismo institucional de los EEUU, por que guarda silencio ante los reclamos de los ciudadanos afroamericanos en los EEUU en contra de la violencia extrajudicial sistemática perpetrada contra su comunidad? El silencio sobre este tema es, lamentablemente, amplio dentro de liderato estadista en Puerto Rico. Hasta el momento la Gobernadora Wanda Vázquez, la Comisionada Residente Jennifer González, ni el liderato de la legislatura en Puerto Rico han hecho pronunciamiento alguno sobre la violencia racial en los EEUU o expresión de solidaridad rechazando la violencia racista contra la comunidad afroamericana- nuestros conciudadanos, según la lógica de los anexionistas. ¿Cómo entender esta postura?
Gran parte de la razón por esta dinámica se debe a la renuencia colectiva de tocar el tema del racismo en Puerto Rico (a diferencia de la diáspora puertorriqueña, donde nuestros compueblanos en los EEUU viven en carne propia el racismo al ser catalogados como personas no blancas.) Seguramente muchos de los lectores habrán escuchado personas en Puerto Rico decir que el racismo es un problema limitado a las acciones de ciertos individuos o ignorantes, y no algo penetrante en nuestro pueblo. También, está la narrativa histórica de que la gran mayoría de los puertorriqueños son un mezcla racial de herencia taína, europa y africana y por ende, no puede existir un problema de racismo. Sin embargo, basta con solo mirar algunos hechos para demostrar la realidad del racismo en Puerto Rico.
El capítulo del American Civil Liberties Union (ACLU) en Puerto Rico- una organización no gubernamental que aboga por los derechos civiles- ha documentado el perfil policíaco a la comunidad inmigrante dominicana en Puerto Rico, al igual que actos de violencia policíaca contra ciudadanos afropuertorriqueños a través desde el 2006. La organización comunitaria Colectivo Ilé, por su parte, lleva desde el 1992 documentando las narrativas de individuos afropuertorriqueños, incluyendo las experiencias de racismo que han enfrentado. A nivel institucional, basta con mirar la composición de la legislatura de Puerto Rico para ver que las personas afrodescendientes en ese cuerpo son escasas.
El problema del racismo en Puerto Rico incluso ha recrudecido en los foros públicos en las últimas semanas. En un segmento de su programa en vivo el pasado 12 de junio, “La Comay” , se burla de la licenciada y candidata política Irma Rivera Lassén de carácter racista. Esto viene justo después de otro debate público desatado por la candidata a gobernadora Alexandra Lugaro al declarar la existencia de privilegio blanco en Puerto Rico, comentario que resultó en una ola de críticas en su contra por personas rechazando la existencia de dicho fenómeno en Puerto Rico. Y el caso más reciente se dio con el analista político Luis Davila Colón al usar un epíteto racista en su programa radial, que resultó en su despido de Univision y la cancelación de su programa. Este último caso es tal vez el más irónico, dado que Dávila Colón es un reconocido activista estadista.
Al sumar estos hechos nos vamos percatando que fuera de ser un asunto aislado, el racismo en Puerto Rico es algo real y lamentablemente, algo que con dificultad nos cuesta reconocer como endémico.
Por estas razones debemos cuestionar las declaraciones del licenciado Díaz Olivo sobre la colonia y el racismo. No es que el planteamiento sea incorrecto- la historia del colonialismo deja eso claro. Pero si la intención es exigir la descolonización como parte de una agenda de justicia racial, aquellos haciendo dicha demanda deben entender la necesidad de también denunciar la existencia y persistencia del racismo en Puerto Rico. Lamentablemente gran parte de nuestro liderato político aún guardan silencio sobre este mal social. Este silencio o es un punto ciego colectivo que representa una contradicción en los reclamos por la descolonización, o peor aún, complicidad en la perpetuación de racismo que representa una gran hipocresía como pueblo que exige el fin de un sistema político racista perpetrado por los EEUU. Es por eso que para los que abogan de forma sincera por la descolonización de Puerto Rico tienen además una responsabilidad de también luchar por la justicia racial dentro de nuestro pueblo.