Foto suministrada/ Alcalde de Camuy Gabriel “Gaby” Hernández Rodríguez
El alcalde del Municipio de Camuy, Gabriel “Gaby” Hernández Rodríguez, urgió a la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, abrir un diálogo franco y ponderado, como piden los 10 alcaldes de los ayuntamientos del plan piloto. El ente federal requiere, entre otras cosas, la presentación de información conducente a la creación de un plan fiscal a cinco años, con un enfoque de reducción de gastos.
“La principal preocupación es que se apruebe un Plan Fiscal a la carrera y sin un buen proceso de análisis, porque que si nos dejamos llevar por la tendencia de lo ocurrido en tres de los Planes Fiscales aprobados por la Junta Fiscal: Universidad de Puerto Rico, Autoridad de Energía Eléctrica y Autoridad de Carreteras, la disminución de nuestro presupuesto del fondo general del municipio de Camuy sería de un 24 por ciento al año 2024. Si aplicamos esa misma disminución agregada al presupuesto, tendríamos un presupuesto 76 por ciento menos o $8.9 millones, representando $2.8 millones menos que el actual, lo que no es poca cosa. Esto tendría un impacto negativo grande en el desarrollo de proyectos, obra, programas, servicios y actividades del municipio. Incluso, se pondrían en riesgo sobre 80 empleos directos y sobre 150 directos, indirectos e inducidos, así como salarios directos, indirectos e inducidos y aportaciones fiscales de los contribuyentes”, indicó el Alcalde.
Añadió además que: “Nos preocupa que el modo de operar de la JSF es reducir el gasto, sin haber elaborado unas métricas de cuánto gasto presupuestario es razonable por municipio. A modo de ejemplo, hay 52 de 78 municipios que tienen un gasto presupuestario por habitante o “per cápita” mayor que Camuy. El presupuesto por habitante de Camuy en el año previo fue $393, el promedio de Puerto Rico fue $618 y el de Guaynabo (el mayor de la Isla Grande) fue $1,534. Debe haber más balance y justicia entre lo que se le permite gastar a cada municipio”.
Hernández Rodríguez, destacó que: “La Junta estuvo varios meses evaluando los documentos sometidos originalmente por los municipios y han tenido diversos cambios de personal que han retrasado los procesos. No entendemos que pretende hacer la Junta Fiscal con los municipios, dado que todo apunta a que la Junta le interesa seguir reduciendo nuestro presupuesto y funciones, como se puede leer en un ensayo titulado: Cómo reformular el Gobierno, Una nueva alianza entre el Gobierno Central y los Municipios. Recordemos, que solamente en el año 2018 los municipios recibimos, gracias a la Junta Fiscal, una reducción de $150 millones. Mas no podemos hacer ante esta nueva realidad”.
Tenemos ahora en Puerto Rico, diversos elementos de incertidumbre, por ejemplo, la eliminación y/o reducción del Fondo de Equiparación y la Ley 29, la posible aprobación de un nuevo Código Municipal (que sustituye la Ley de Municipios Autónomos) y la nueva propuesta de la Junta Fiscal de Regionalización de servicios estatales y municipales, con fondos municipales. Sin incluir la incertidumbre creada por la nueva realidad socioeconómica de Puerto Rico y el mundo, con la crisis COVID-19, los huracanes y los temblores. Confiamos, de que la Junta Fiscal pueda entender que someter un Plan Fiscal con tanta incertidumbre, con un atropellado proceso de desarrollo, es un gran error para todos, pero principalmente para nuestros constituyentes”, añadió finalmente el primer ejecutivo municipal.