Pasada la segunda ronda de vistas públicas sobre el Proyecto de la Cámara 25 (PC25) en el Senado de Puerto Rico, el científico social climático de Union of Concerned Scientists Juan Declet-Barreto y Yamilín Rivera-Santiago examinan las posibles consecuencias de la medida que busca redefinir la Zona Marítimo-Terrestre (ZMT).
La medida reduciría significativamente las protecciones constitucionales de las costas y facilitaría el desarrollo privado en áreas vulnerables al cambio climático. Múltiples organizaciones ambientalistas, científicas, legales y de base comunitaria han dado la voz de alerta durante las vistas públicas llevadas a cabo en el Senado. Varios sectores han expresado su preocupación de que la medida debilite protecciones ambientales, reduzca la extensión de áreas que al corriente son bienes de dominio público, y que agrave conflictos en torno al acceso y privatización de la costa.
“El PC25 ignora la ciencia climática y contradice los principios básicos de adaptación y resiliencia costera. La costa puertorriqueña no es mercancía. Es memoria, sustento, protección y futuro”, señala el artículo.
El aumento del nivel del mar, la erosión costera, las marejadas ciclónicas y los impactos acumulados de huracanes extremos ya están transformando el paisaje de Puerto Rico, afectando a comunidades costeras, a la infraestructura esencial, a los ecosistemas y al acceso a vivienda segura y asequible.
La redefinición propuesta de la ZMT beneficiará principalmente a inversionistas y desarrollistas y pudiera acelerar procesos de desplazamiento, especulación y privatización costera. Durante las vistas públicas, múltiples ponentes señalaron que la medida hace uso de lenguaje cónsono con el sector de desarrollo de bienes y raíces y de la Asociación de Constructores, a la vez que omite criterios esenciales relacionados a marejadas ciclónicas, erosión costera y eventos meteorológicos extremos. En cambio, organizaciones comunitarias como Murciélagos Beach Defenders, recomiendan:
● Expandir y fortalecer la Zona Marítimo-Terrestre.
● Garantizar el acceso público, libre y seguro a las playas.
● Integrar la ciencia climática y la participación comunitaria vinculante en la política pública.
● Adoptar modelos de planificación centrados en la justicia ambiental y social.
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El artículo concluye que “la resiliencia de Puerto Rico ante el cambio climático estará fuera de su alcance en tanto y en cuanto persistan las desigualdades en el acceso a la tierra, energía y otros recursos.”
El artículo entero puede ser leído aquí. Si desea hablar con Declet-Barreto o Rivera-Santiago, favor de escribirle a Kyle Ann Sebastian a ksebastian@ucs.org.
