La gobernadora Jenniffer González Colón firmó legislación que impone penas más severas contra el maltrato de animales atemperando las penalidades al ordenamiento jurídico actual; y emitió su veto en otro proyecto de ley por este no ser ni operacional, ni fiscalmente viable.
Ley 73-2026 | Proyectos del Senado 039
De la autoría del presidente del Senado Thomas Rivera Schatz y en coautoría con los senadores Wanda Soto Tolentino, Jaime Barlucea Rodríguez, Ada Álvarez Conde, Wilmer Reyes Berríos, Rafael Santos Ortiz, Brenda Pérez Soto, Marissa Jiménez Santoni, y Héctor J. Sánchez Álvarez.
La medida enmienda la Ley Núm. 154-2008 (Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales) para atemperar las penas de la ley especial al sistema de penas fijas establecido con la adopción de Código Penal del 2012. En la exposición de motivos de la medida se explica que “la revisión y actualización de las leyes penales especiales evitará decisiones inconsistentes en la aplicación e imposición de penas y asegurará que el sistema penal sea justo y equitativo para todos los ciudadanos”.
Por otro lado, la mandataria impartió su veto al Proyecto del Senado 417.
La medida propone conferir al Departamento de la Familia la autoridad para regular el establecimiento, funcionamiento, mantenimiento, licenciamiento, fiscalización y cumplimiento de normas dirigidas a la protección, atención y cuidado de adultos con impedimentos en distintos tipos de facilidades, incluyendo instituciones residenciales, hogares de cuidado diurno, hogares sustitutos, centros de cuido diurno y centros de actividades múltiples
La gobernadora reconoce que la intención de la medida es legítima, loable, meritoria y atiende una necesidad real; sin embargo, este proyecto de ley presenta serios retos de implementación administrativa, operacional y fiscal que hacen inviable su ejecución efectiva.
La medida impone al Departamento de la Familia responsabilidades sustancialmente ampliadas sin asignación presupuestaria específica ni un análisis detallado del costo de implementación. La propia agencia ha indicado que actualmente no cuenta con los recursos humanos ni fiscales necesarios para asumir el licenciamiento y supervisión de estos establecimientos conforme a los parámetros establecidos.
Durante el proceso legislativo la propia agencia recomendó incluir una asignación presupuestaria clara para atender los costos operacionales, recomendación que no fue incorporada al texto final.
Aunque la medida crea un fondo especial mediante tarifas y multas, dichos ingresos serían prospectivos y no garantizan los recursos iniciales necesarios para implantar la ley de manera ordenada y responsable.
“Una legislación de esta naturaleza requiere un marco fiscal claro y una planificación robusta que garantice su viabilidad”, indicó la gobernadora.
