La Contralora de Puerto Rico, Lcda. y CPA Carmen A. Vega Fournier, anunció hoy la publicación del Informe de Auditoría OC-26-25 del Negociado de la Policía de Puerto Rico (ahora Policía de Puerto Rico), el cual estaba adscrito al Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico (DSP), en el cual se evaluaron las operaciones fiscales y administrativas realizadas durante el período comprendido del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2025.
La auditoría se realizó conforme a las facultades constitucionales y legales de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR), en la cual se emitió una opinión cualificada, lo que significa que, aunque en términos generales las operaciones examinadas se realizaron conforme a la ley y la reglamentación aplicable en sus aspectos significativos, se identificaron hallazgos que requieren medidas correctivas inmediatas.
“La seguridad pública también exige disciplina fiscal, controles administrativos rigurosos y absoluto cumplimiento con las normas que rigen el manejo de fondos públicos. Cada dólar administrado correctamente fortalece la capacidad operacional del Estado y la confianza ciudadana”, expresó la Contralora Vega Fournier.
El informe contiene dos hallazgos principales: uno relacionado con deficiencias en el proceso de las recaudaciones y el otro vinculado a funciones conflictivas en las cuentas por cobrar.
En el primer hallazgo del Informe, la OCPR examinó el manejo de ingresos generados por contratos de servicios policiacos prestados a otras entidades gubernamentales, empresas privadas e individuos, almacenamiento de armas de fuego, donativos federales, operaciones conjuntas con agencias federales, reembolsos y otros conceptos. Durante el período auditado se registraron en el Sistema Ingresos y Recaudos del Área del Tesoro (SIRAT) 2,489 comprobantes de remesa que contenían 5,834 recibos oficiales por $145,425,210 en recaudos del Negociado. Para fines de auditoría se examinaron 20 comprobantes de remesa que incluían 333 recibos oficiales por $11,927,154.
La auditoría determinó que, empleados recaudaron valores sin contar con un nombramiento de recaudador sustituto o auxiliar del Departamento de Hacienda. Además, se emitieron 18 recibos manuales no oficiales por $5,290, utilizando formularios creados internamente y no autorizados por el Departamento de Hacienda. También se encontró que no se llevaba control sobre la numeración y registro de dichos recibos.
Asimismo, se identificaron tardanzas en depósitos de recaudos que fluctuaron entre 1 y 29 días, así como recibos oficiales que no fueron preparados al momento de recibirse los valores. En algunos casos, los depósitos se realizaron entre 1 y 82 días antes de emitirse los recibos oficiales. También se detectaron inconsistencias entre fechas de hojas de depósito y fechas registradas en el sistema SIRAT, una hoja de depósito ilegible sin sello bancario y 247 recibos oficiales que no seguían la secuencia numérica correspondiente.
Según la OCPR, estas deficiencias demuestran que no se mantuvo un control adecuado sobre el proceso de recaudaciones, lo que puede propiciar errores, irregularidades, uso indebido de fondos o dificultar la detección oportuna de situaciones impropias.
En sus comentarios, el DSP reconoció que los procesos de recaudación requerían revisión y actualización. No obstante, destacó que la auditoría no identificó pérdidas de fondos públicos y confirmó que las recaudaciones fueron depositadas íntegramente en las cuentas correspondientes, así como remesadas y registradas en SIRAT. Además, informó que designó personal como recaudador sustituto, implantó el uso de recibos oficiales autorizados y comenzó procesos de capacitación al personal de finanzas.
Por su parte, el Negociado de la Policía indicó que muchos de los señalamientos ocurrieron bajo la estructura administrativa centralizada del DSP antes de la nueva reorganización legal y que las recomendaciones serán incorporadas al proceso de transición operacional dispuesto por la Ley 83-2025, que creó la nueva Policía de Puerto Rico con autonomía administrativa y fiscal.
El segundo hallazgo se relaciona con funciones conflictivas en el área de cuentas por cobrar. Al 30 de junio de 2025, el Negociado mantenía 985 casos de cuentas por cobrar ascendentes a $980,233. La auditoría determinó que una misma empleada realizaba funciones de preparar facturas, gestionar cobros y registrar facturas y pagos en el sistema, tareas que debieron estar segregadas entre distintos empleados como medida básica de control interno.
La OCPR advirtió que esta situación impide mantener controles adecuados sobre las cuentas por cobrar y aumenta el riesgo de errores o irregularidades que podrían no detectarse a tiempo. Se señaló además que, una situación similar había sido comentada previamente en el Informe de Auditoría DA-15-41.
El DSP respondió que la limitación de personal incidió en la adecuada segregación de funciones, pero informó que ya inició una evaluación integral de tareas, aprobó la creación de nuevos puestos y analiza incorporar herramientas tecnológicas para alertar casos sin gestión de cobro y fortalecer la supervisión.
Una de las recomendaciones de la Contralora, va dirigida al superintendente de la Policía de Puerto Rico, a quien le indica que, debe asegurarse de supervisar adecuadamente las operaciones relacionadas con las recaudaciones, asegurarse que quienes manejen valores cuenten con nombramientos válidos expedidos por el Departamento de Hacienda, que utilicen recibos oficiales preimpresos y autorizados, exija depósitos diarios, garantice la exactitud en SIRAT y segregue adecuadamente las funciones de facturación, cobro y registro de los pagos.
“Como he comentado desde el día uno, la rendición de cuentas no se limita a detectar fallas; también procura corregir procesos, fortalecer instituciones y proteger el interés público. Exhortamos a las agencias concernidas a implantar con prontitud cada recomendación emitida para asegurar operaciones más ágiles, confiables y transparentes”, concluyó la Contralora Vega Fournier.
