El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Héctor Ferrer Santiago, exigió hoy a la gobernadora Jenniffer González, garantizar la continuidad y estabilidad de los servicios que ofrece la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), luego de conocerse que se le solicitó la renuncia inmediata a su administradora, Blanca Medina Díaz, en momentos en que la agencia enfrenta cuestionamientos relacionados con el manejo de fondos federales y mientras persisten problemas asociados a la implementación de ÍntegraPR en el pago a suplidores de servicios en este programa.
“Lo que está ocurriendo en ADSEF genera una incertidumbre que el gobierno tiene que atender de inmediato. Estamos hablando de la agencia responsable de administrar miles de millones de dólares en fondos federales del PAN y otros programas esenciales para miles de familias puertorriqueñas. No podemos permitir que la inestabilidad administrativa, los problemas de ÍntegraPR en el pago a suplidores de servicios esenciales de este programa y cualquier controversia relacionada con el manejo de estos fondos terminen afectando a quienes dependen de estas ayudas para alimentarse”, afirmó Ferrer.
“Mientras en Washington estamos uniendo esfuerzos para defender y asegurar los fondos federales que Puerto Rico necesita, tanto en Salud, como en una posible transición del NAP al SNAP, aquí el gobierno tiene que garantizar que esos recursos se administren con responsabilidad, transparencia y estabilidad. No podemos enviar señales contradictorias cuando lo que está en juego son servicios esenciales para nuestra gente”, sostuvo Ferrer.
“Independientemente de las razones que hayan llevado a esta determinación, el gobierno tiene que explicar qué está pasando en ADSEF, y quién está tomando las decisiones. No se puede permitir que una controversia administrativa se convierta en otra crisis operacional que termine afectando los servicios que recibe nuestra gente”, sostuvo el portavoz cameral.
El líder popular solicitó tanto a la Gobernadora, como a la Secretaria del Departamento de la Familia que informen si la salida de la administradora tendrá algún impacto sobre las operaciones de ADSEF, incluyendo la administración y desembolso de los beneficios del PAN, así como sobre otros programas de asistencia nutricional que maneja la agencia.
“Ante esta acumulación de situaciones, el gobierno tiene la responsabilidad de eliminar cualquier incertidumbre y garantizar que las familias que dependen del PAN no sean quienes paguen las consecuencias de problemas administrativos o de gestión”, añadió Ferrer.
“Las familias que reciben el PAN necesitan certeza. Necesitan saber que, independientemente de quién esté al frente de ADSEF, de las controversias que puedan surgir o de los problemas con los sistemas administrativos, sus beneficios y los servicios que reciben van a continuar con normalidad. Esa garantía tiene que darla el gobierno y tiene que darla ahora”, concluyó Ferrer.
