La Contralora de Puerto Rico, CPA y Lcda. Carmen Vega Fournier, informó los resultados de una investigación realizada en el Municipio de Ceiba sobre la concesión gratuita del Centro de Usos Múltiples para la celebración de tres velatorios, en contravención de disposiciones de la reglamentación municipal vigente.
La investigación, correspondiente al informe OC-27-33, examinó el periodo del 1 de enero al 15 de junio de 2026. Esta se originó a raíz de una querella que alegaba, entre otras situaciones, el uso gratuito del Centro para realizar velatorios, a pesar de que la reglamentación establece el pago de un canon de arrendamiento.
De acuerdo con la investigación, entre el 15 de marzo y el 8 de junio de 2026, se realizaron tres velatorios en el Centro. La Ordenanza 38, Serie 2016-2017 establece una renta de $600 por el uso del Centro. Además, también establece los criterios para conceder su uso gratuitamente. Sin embargo, la Oficina no recibió evidencia de documentos remitidos por la Oficina del Alcalde a la Legislatura Municipal para solicitar la autorización correspondiente para conceder gratuitamente el uso de la instalación en estos tres casos.
El alcalde certificó que autorizó la exención del canon de arrendamiento debido a que los velatorios correspondían a ceibeños de reconocida trayectoria y estrecha conexión con la comunidad. No obstante, la investigación determinó que no se recibió evidencia que permitiera corroborar la falta de recursos de los solicitantes, ni la documentación necesaria para justificar la exención del pago establecida en la Ordenanza.
Asimismo, se determinó que el Alcalde no sometió a la Legislatura Municipal la información pertinente para que esta evaluara y aprobara la concesión gratuita del Centro. La investigación señala, además, que dicha concesión se realizó mediante llamadas telefónicas. Como resultado, el Municipio dejó de generar $1,800 en ingresos por el uso de la instalación para los tres velatorios.
La Contralora determinó que la situación impidió que la Legislatura Municipal cumpliera con su responsabilidad legal de evaluar y aprobar la concesión gratuita del uso de la propiedad municipal. Además, la ausencia de los documentos necesarios para verificar la falta de recursos de los solicitantes limitó la capacidad de evaluar la legalidad de las transacciones.
Entre las disposiciones que el Alcalde pudo haber infringido se encuentran artículos de la Ley 107-2020, Código Municipal de Puerto Rico, relacionados con su deber de cumplir y hacer cumplir las ordenanzas, resoluciones y reglamentos municipales, así como con la administración de la propiedad municipal conforme a las disposiciones legales aplicables. También se identificaron disposiciones del Reglamento para la Administración Municipal y de la Ordenanza 38, Serie 2016-2017.
Como parte de las recomendaciones, la Oficina de la Contralora exhortó al Alcalde a cumplir con la reglamentación vigente sobre el cobro del canon de arrendamiento para el uso del Centro o, en su defecto, requerir la documentación necesaria para justificar la concesión gratuita de la instalación y remitirla a la Legislatura Municipal para su aprobación mediante una resolución. También recomendó al presidente de la Legislatura Municipal informar a ese cuerpo legislativo los resultados de la investigación para que adopte las medidas correctivas que correspondan.
“Reiteramos la importancia de que los funcionarios municipales velen por el cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables y promuevan el uso efectivo, económico, eficiente y ético de los recursos del Gobierno en beneficio del Pueblo”, indicó la Contralora Vega Fournier.
