La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico, liderada por el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, celebró hoy la segunda vista pública en torno a las medidas que buscan transformar el sistema de permisos en Puerto Rico, en seguimiento a la evaluación iniciada la pasada semana.
Durante la vista pública, comparecieron la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), la Junta de Planificación, la Asociación de Alcaldes, la Cámara de Comercio, la Asociación de Constructores y la Asociación de Industriales, quienes coincidieron en que el sistema actual continúa siendo uno fragmentado, lento y oneroso. No obstante, persisten diferencias en cuanto a su implementación.
El secretario auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), Norberto Almodóvar Vélez, sostuvo que la reforma del sistema de permisos es “necesaria, urgente e indispensable”, destacando que tanto el Proyecto del Senado 1173 como el 1183 buscan atender estas limitaciones mediante la modernización administrativa, la digitalización de procesos y el fortalecimiento jurídico
El funcionario señaló que ambos enfoques no son necesariamente incompatibles, pero advirtió que su integración debe hacerse de forma cuidadosa para evitar vacíos regulatorios, inconsistencias en su aplicación y riesgos al interés público.
Durante el intercambio, el presidente del Senado abordó directamente el tema de la centralización al cuestionar a Almodóvar Vélez sobre el alcance del modelo propuesto. En ese contexto, planteó que, si el enfoque es centralizar, necesariamente implica trasladar la toma de decisiones desde otras entidades hacia una sola estructura, señalando que “si usted está centralizando, quiere decir que le está quitando a alguien para traerlo a otro lado”.
Ante esto, el deponente reconoció que “se podría interpretar que sí”, aunque sostuvo que el objetivo del modelo es uniformar los procesos. El presidente, por su parte, insistió en que los municipios con facultad para otorgar permisos ya están obligados por ley a regirse bajo los mismos criterios del Gobierno Central, cuestionando la necesidad de una mayor centralización si, en teoría, el sistema ya debe operar bajo estándares uniformes.
“Soy muy municipalista, creo en la descentralización, para abonar a la agilidad siempre que esa agilidad se pueda evidenciar. Todavía no entiendo cómo este proyecto no afecta a los municipios… cómo realmente permite que los municipios puedan seguir trabajando para viabilizar la permisología”, añadió el senador Ángel Toledo López.
Por su parte, el portavoz alterno de la mayoría en el Senado, el senador Juan Oscar Morales, cuestionó la limitada participación municipal en el modelo propuesto por la Gobernadora en el Proyecto del Senado 1183, planteando que esta Asamblea Legislativa debe evaluar cómo ampliar el rol de los municipios. En ese sentido, sugirió que una de esas áreas podría ser la fiscalización de los profesionales autorizados, advirtiendo que en ocasiones estos podrían operar “como si estuvieran en la libre”, lo que resalta la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión.
Asimismo, a preguntas del senador Eliezer Molina, el deponente de la OGPe fue confrontado sobre el modelo de centralización propuesto. En ese contexto, el senador planteó que no ve “que puedas tener todo en una sola estructura cuando se ha visto que se ha fracasado cuando tienes una sola persona otorgando permiso”, al cuestionar la viabilidad de concentrar la toma de decisiones.
Por su parte, el alcalde de Aguada, Christian Cortés Feliciano, en representación de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, respaldó el objetivo del Proyecto del Senado 1173 de agilizar y simplificar el sistema, pero expresó preocupaciones sobre el diseño del Proyecto del Senado 1183. Cortés Feliciano indicó que los municipios no fueron consultados en ninguna etapa de la redacción de la reforma y advirtió que disposiciones como la cláusula de supremacía podrían desplazar leyes, reglamentos y ordenanzas municipales, afectando directamente su autonomía.
El líder municipal también destacó que el modelo propuesto en el Proyecto del Senado 1183 se aparta de tendencias observadas en otras jurisdicciones, particularmente en Estados Unidos, donde la otorgación de permisos recae principalmente en los gobiernos locales. “Es inaceptable que Puerto Rico ocupe la posición 143 del Banco Mundial en facilidad para obtener permisos, mientras los Estados Unidos ocupan la sexta posición. Esta realidad constituye una desventaja competitiva inaceptable para nuestra economía y un obstáculo cotidiano para el ciudadano que busca emprender, construir su vivienda o expandir su negocio”, sentenció.
Como parte de sus recomendaciones, insistieron en preservar la autonomía municipal, garantizar acceso de los municipios a sistemas tecnológicos para fines de fiscalización y evitar la centralización de ingresos municipales.
En contraste, la presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, licenciada Margaret Ramírez Báez, expresó respaldo al Proyecto del Senado 1183 como la pieza principal de reforma estructural, aunque recomendó que sea enriquecido con disposiciones del Proyecto del Senado 1173. Indicó que su aprobación permitiría transformar el sistema en uno más ágil, predecible y competitivo, facilitando la creación de negocios y la formalización de la economía.
Asimismo, enfatizó la importancia de eliminar la discrecionalidad administrativa en la otorgación de permisos, proponiendo que, una vez se cumplan los requisitos establecidos por ley, el proceso sea de carácter ministerial. Según planteó, la incertidumbre generada por decisiones subjetivas ha sido uno de los principales obstáculos para la inversión, por lo que un sistema basado en reglas claras y uniformes contribuiría significativamente.
De igual forma, la vicepresidenta de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, licenciada Karen Mojica Franceschi, respaldó la intención del Proyecto del Senado 1183; no obstante, presentó una serie de advertencias técnicas sobre su implementación, señalando que la creación simultánea de nuevas estructuras institucionales podría generar retrasos operacionales si no se maneja adecuadamente el proceso de transición.
Entre sus preocupaciones principales, destacó el riesgo de disrupción en la continuidad de trámites, la necesidad de cumplir con requisitos federales para evitar la pérdida de fondos y la importancia de establecer definiciones claras que no entren en conflicto con normativa federal. Además, recomendó la creación de un plan de transición detallado con fases definidas, la coordinación con agencias federales, el establecimiento de criterios interpretativos claros para reducir la litigiosidad y la creación de procesos especializados para proyectos industriales estratégicos.
El ingeniero Emilio Colón Zavala, en representación de la Asociación de Constructores de Puerto Rico, también presentó recomendaciones técnicas a fortalecer ambas medidas. Entre sus planteamientos, subrayó que una reforma de esta magnitud debe ir acompañada de capacidad institucional, recursos adecuados y personal especializado para evitar que una buena legislación produzca resultados limitados.
Además, insistió en la importancia de establecer un sistema escalonado de permisos basado en el nivel de impacto de los proyectos, así como en la necesidad de asegurar que la falta de infraestructura no sea utilizada como fundamento para denegar permisos cuando el proponente ha cumplido con todos los requisitos, proponiendo en su lugar que el Estado asuma la responsabilidad de desarrollar dicha infraestructura en áreas ya clasificadas para desarrollo. Finalmente, destacó que el Proyecto del Senado 1173 introduce mecanismos innovadores como el Registro de Uso de carácter declarativo, que permitiría a un negocio comenzar operaciones el mismo día de su notificación, sujeto a validación posterior.
