Ser funcionario público no solo es un privilegio, sino también una elección que conlleva una alta responsabilidad ética. Quien acepta un cargo en el gobierno no puede olvidar que está llamado a servir con honestidad, transparencia y sentido de responsabilidad, tal como exige la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico (Ley Núm. 1-2012). No obstante, en meses recientes hemos sido testigos de controversias sobre conflictos de interés, beneficios personales indebidos, negocios familiares e irregularidades en el manejo de fondos públicos.
Con frecuencia, estos casos quedan sin consecuencias claras, pero sus efectos trascienden las administraciones de turno. Sus efectos se sienten en la calidad y el acceso a los servicios, en la confianza ciudadana y en la capacidad del Estado para responder al bienestar colectivo. Ahí es donde la administración pública deja de ser un asunto técnico y se convierte en un tema profundamente social. En este contexto, la Administración Pública y el Trabajo Social convergen como disciplinas llamadas para responder a las necesidades sociales. Más allá de atender problemáticas inmediatas, su articulación permite cuestionar las estructuras que perpetúan la desigualdad y promover transformaciones dirigidas a una sociedad más justa e inclusiva.
La administración pública no es burocracia, reglamentos u oficinas de gobierno. En esencia, es la forma en que el Estado organiza sus recursos, toma decisiones y presta servicios para atender el interés general y responder a las necesidades del pueblo. En palabras simples, es lo que hace la diferencia entre un gobierno que promete mucho y uno que realmente cumple. Por eso, cuando un funcionario público usa su cargo para beneficio propio o actúa sin integridad, el daño no queda aislado, sino que afectan los servicios, se debilita la política pública y se continúa erosionando la confianza de la gente en su gobierno.
Eso se relaciona con la idea del Estado de bienestar. Autores como Saúl J. Pratts y Gibrán Cruz-Martínez han explicado que el gobierno tiene la responsabilidad de proteger a la población frente a riesgos sociales mediante distintas estrategias como programas, servicios y apoyos que garanticen condiciones mínimas de bienestar. Los problemas sociales complejos no se resuelven desde una sola oficina ni desde una sola profesión, se logra con una planificación efectiva entre sectores generando una respuesta integral sustentada, continuidad administrativa y sobre todo con voluntad para hacerlas valer, algo que en Puerto Rico se encuentra en peligro de extinción.
Zavala y Rivera (2017) advirtieron que la gobernanza y la planificación pública enfrentan crecientes decepciones por su incapacidad para cumplir los resultados esperados. Estas deficiencias responden, en gran medida, a la desconexión de quienes ejercen el poder respecto a los principios del servicio público y a una comprensión crítica de las necesidades y problemáticas de la ciudadanía. Cuando esa desconexión se normaliza, la política pública pierde efectividad y el gobierno pierde legitimidad.
La mala administración de lo social no se corrige solo denunciando. Se corrige transformando la manera en que el Estado planifica, coordina, ejecuta y rinde cuentas. Si la administración pública existe para servir al interés general, entonces debe sostenerse sobre ética, equidad, mérito, transparencia y responsabilidad. Porque al final, no se trata únicamente de evitar controversias o irregularidades, sino de garantizar que los servicios públicos lleguen a quienes más lo necesitan.
Es por eso que la Administración Pública y el Trabajo Social, tienen ante sí la responsabilidad de sentarse a la mesa no solo para formular nuevos planes de acción, sino también para repensar de manera crítica y profunda aquellas propuestas previamente establecidas que no han sido ejecutadas de forma efectiva. Quienes ejercen el trabajo social tienen una responsabilidad ético-política en involucrarse en el desarrollo, análisis e implementación de programas que respondan a las necesidades humanas actuales. Porque al final, el mayor costo no es el esfuerzo de hacerlo bien. El mayor costo es normalizar una administración pública y social deficiente.
