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El Senado, convocado en Comisión Total, interrogó al secretario designado del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), ingeniero Waldemar Quiles Pérez para conocer las motivaciones que tuvo para firmar la Orden Administrativa (OA) 2025-01 sobre regulaciones a las casas flotantes construidas en la zona de La Parguera en el municipio de Lajas.
«Decidí abordar un problema histórico que afecta a la reserva natural conocida como La Parguera. Algunos han intentado sugerir o insinuar que firmé esta orden administrativa con el propósito de favorecer a individuos específicos, cuestionando mis motivos y atacando mi integridad, capacidad y sentido de justicia. […] Mis acciones responden únicamente al esfuerzo institucional de décadas para enfrentar una emergencia ambiental crítica. […] Estas imputaciones no son correctas. Como persona con una extensa carrera militar, estoy acostumbrado a tomar decisiones rápidas, concretas y decisivas», expresó Quiles.
El secretario detalló que la OA 2025-01 se basa en el Proyecto del Senado 1621, sometido en 2016 a la Asamblea Legislativa, pero que nunca fue firmado por el entonces gobernador. Asimismo, Quiles señaló que, durante décadas, la agencia ha invertido cientos de miles de dólares en esfuerzos infructuosos que no han beneficiado a los recursos naturales de la zona. «Bajo nuestra administración, hemos tomado acciones concretas para frenar las construcciones ilegales y proteger los recursos naturales. Por primera vez, quienes utilicen bienes de dominio público deberán pagar por ello», añadió.
El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, preguntó sobre el inciso F de la OA, que se refiere al archivo de querellas presentadas y su cantidad. Quiles explicó que actualmente hay cuatro querellas activas, las cuales serán evaluadas por los oficiales examinadores del DRNA.
Por su parte, la vicepresidenta del Senado, Marissa Jiménez Santoni, indagó sobre el proceso de revisión de las querellas. Quiles explicó que los ciudadanos presentan las querellas, las cuales son evaluadas por jueces examinadores. Además, destacó que la OA establece un control estricto sobre el uso de la zona y prohíbe la expansión de las estructuras existentes.
La senadora también preguntó sobre la cantidad de estructuras actualmente existentes en La Parguera. Quiles indicó que hay más de 100, algunas de las cuales son comerciales y otras desocupadas. Añadió que la orden establece la creación de un reglamento para el manejo de las instalaciones.
El portavoz de la mayoría, Gregorio Matías, solicitó aclaraciones sobre el impacto de la orden. Quiles enfatizó que la OA marca el fin del «viejo oeste» en La Parguera, con la implementación de concesiones que permitirán generar ingresos para la zona. «Ley y orden. Estoy seguro de que esta es una buena orden», concluyó Quiles.
Proceso y consulta ante aprobación de la OA 2025-01
La Comisión Total del Senado fue citada para ofrecerle un espacio al secretario designado para aclarar ante el Alto Cuerpo una serie de interrogantes que surgieron luego de que a un día de ser nombrado secretario del DRNA firmara una Orden Administrativa que presuntamente beneficiaba a familiares de la gobernadora Jennifer González Colón.
En su turno, el portavoz del Partido Popular Democrático, Luis Javier Hernández, aprovechó para abordar este tema y cuestionó si había discutido esta OA con la gobernadora Jennifer González antes de firmarla. «Claro que no», respondió Quiles, y añadió que está al tanto del caso de los suegros de la gobernadora, por lo que se ha informado a través de los medios de comunicación. También aclaró que no tiene conocimiento de a quién podría beneficiar la orden, ya que es un proceso que corresponde a los oficiales examinadores.
Asimismo, a preguntas de las portavoces de Proyecto Dignidad y del Partido Independentista Puertorriqueño, las senadoras Joanne Rodríguez Veve y María de Lourdes Santiago, respectivamente, sobre el autor de la OA, Quiles explicó que esta fue redactada a petición del secretario interino anterior de la agencia, Robert Méndez, y preparada a finales de 2024 por el licenciado Samuel Acosta. Aseguró que la orden cumple con la política pública vigente y, aunque no enmienda los reglamentos existentes, admitió que no consultó una opinión legal sobre la OA antes de firmarla. También mencionó que no tiene conocimiento de ninguna investigación federal o estatal relacionada con el tema.
Por otro lado, el senador independiente Eliezer Molina cuestionó la contribución de la OA al desarrollo de los recursos marinos. Quiles respondió que la orden protege los recursos naturales de La Parguera, cumpliendo con la Ley de Aguas Limpias y las regulaciones del Cuerpo de Ingenieros. «Estamos atendiendo un problema de 60 años que nadie había resuelto. Cada oficial examinador actúa de forma independiente. No actuar allí sería aún peor», explicó.