 |
La representante Lourdes Ramos, como ardiente defensora de la Universidad de Puerto Rico (UPR), acusó directamente a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), de violentar los derechos humanos de los estudiantes puertorriqueños, al seguir insistiendo en recortar aún más los recursos destinados a la operación del sistema.
Ramos, quien se ha destacado en ser una prolífica autora de múltiples medidas legislativas y leyes a favor de la UPR, los profesores, empleados y de su Sistema de Retiro, volvió a recriminar a la Junta, por poner en riesgo las acreditaciones de las diferente disciplinas que se ofrecen en el primer centro universitario del país.
De paso, exhortó a la Junta de Gobierno y su presidente Ricardo Dalmau, a plantar bandera por los derechos de los estudiantes universitarios y no dejarse amedrentar por el ente federal.
“Una cosa es buscar consensos y entendimientos razonables y otra es ser mudos y rehenes ante los atropellos de la Junta. ¡Con tanta inercia, se le va la vida a la UPR!”, conminó Ramos.
La fogosa legisladora estadista reclamó que, el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por las Naciones Unidas en 1948, señala que “todos tenemos el derecho a la educación”.
Utilizó extractos de esta Declaración, para reafirmar que “la educación es un derecho humano, un bien público y una responsabilidad colectiva”.
“Bien lo estableció la ONU que la educación ‘es la inversión única que los países pueden realizar para construir sociedades equitativas, saludables y prósperas’”, sostuvo.
Lo que más indigna a la representante Ramos es que la Junta, nunca ha cedido en su estrategia de desmantelar económicamente a la UPR, restando cada vez más del presupuesto operacional. Incluso, hasta recursos del presupuesto que fueron asignados por ley por la Asamblea Legislativa, para uso específico de la Universidad.
“Tras restar $49 millones de su presupuesto – siguió diciendo la líder novoprogresista-, la Junta ahora también pone en riesgo las acreditaciones de los programas y ofrecimientos universitarios, que forman a la nueva generación de profesionales que tienen que impulsar el crecimiento económico de la Isla, tras el fin de la quiebra. ¡Este abuso tiene que parar!”, demandó.
Resulta igualmente bochornoso para Ramos, que todo esto ocurra cuando precisamente hace una semana, la prestigiosa firma educativa QS World University Rankings clasificara a la Universidad como la #1 y la mejor Universidad del Caribe.
“Es como un plan concertado de la Junta de sabotear el prestigio de nuestra UPR, del talento del claustro y de los esfuerzos investigativos que tanto renombre le han dado”, aseveró.
Por ello, Ramos insistió en que Ricardo Dalmau y la Junta de Gobierno, no pueden asumir una postura de tanta pasividad y complacencia.
Denunció a su vez, que los miembros de la Junta pueden enviar a sus hijos a las mejores universidades, mientras le coartan el derecho a las familias humildes y de clase media del país, a que sus hijos reciban una educación de excelencia.
“No solo son la confirmación del más burdo colonialismo que nos impone el ELA, sino, que se creen amos, señores y hacendados, como si nuestros estudiantes fueran hijos de esclavos carentes de todo derecho. ¡Debiera darles vergüenza!”, manifestó sumamente contrariada Lourdes Ramos.