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La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del municipio de Cabo Rojo. El Informe revela que el 90 por ciento de las transferencias de crédito entre partidas presupuestarias de enero a junio de 2017, se informaron a la Legislatura Municipal hasta ocho meses después de la transacción.
Esta situación no permitió que la Legislatura Municipal pasara juicio sobre dichas transacciones. La ley 81-1991 de Municipios Autónomos, dispone que la notificación mediante orden ejecutiva se realice dentro de los cinco días desde su firma.La auditoría de un hallazgo comenta que 95 empleados de un total de 110, llevan hasta 15 años clasificados como transitorios contrario a la Ley 81-1991. Los sueldos de dichos empleados se pagaban del Fondo Operacional.
Además, La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) multó al alcalde por utilizar un distintivo político en las instalaciones del Municipio mientras se encontraba en horas laborables. El Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución de la OEG y el alcalde pagó la multa administrativa de $4,000 en el 2019.
El Municipio ha tomado medidas para atender la crisis financiera tales como: reducción de jornada laboral, reducción del 10% del sueldo mensual de los funcionarios de confianza y el pago de hasta cinco días del exceso de 18 días acumulados por la licencia por enfermedad. El alcalde indicó que estas medidas ayudaron a restablecer la jornada laboral completa desde el 1 de julio de 2019 a empleados de mantenimiento y ornato.
El Informe recomienda que la Oficina de Gerencia Municipal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Oficina del Contralor.
Este Informe, segundo y último de Cabo Rojo, cubre el periodo del 1 de julio de 2015 al 30 de noviembre de 2018, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.