La secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, reaccionó a la determinación del Tribunal de Apelaciones que confirmó la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia y desestimó una acción presentada por el senador, Luis Javier Hernández Ortiz, relacionada con una petición de información sobre expedientes de investigaciones de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC).
«El Departamento de Justicia ha actuado en todo momento conforme al ordenamiento jurídico y con el debido respeto a la separación de poderes. Rechazamos de plano la insinuación de que en este Departamento se proteja a funcionario alguno. Es una alegación seria, hecha sin un solo documento que la sostenga. El Departamento de Justicia no tiene nada que ocultar, pero sí tiene el deber legal de proteger la integridad de las investigaciones, así como los derechos y la seguridad de los testigos y las víctimas de delito. Esa responsabilidad debe cumplirse al mismo tiempo que garantizamos el interés público y el acceso a la información conforme a los límites establecidos por nuestro ordenamiento jurídico», expresó Gómez Torres.
La secretaria de Justicia reiteró que reconoce la facultad constitucional de investigación de la Asamblea Legislativa y reafirmó su disposición de continuar colaborando y proveyendo toda aquella información que, conforme a derecho, pueda ser divulgada sin comprometer investigaciones presentes o futuras ni los derechos de las personas involucradas.
«El Departamento de Justicia continuará cumpliendo su responsabilidad con transparencia, prudencia y estricto apego a la ley. Cada determinación que tomamos responde al análisis de los hechos, la evidencia disponible y el derecho aplicable, con el firme compromiso de proteger la integridad de nuestras investigaciones y servir al interés público», puntualizó la secretaria.
El pasado 3 de junio, el Departamento de Justicia desmintió la alegación del legislador sobre la existencia de casos de corrupción archivados sin investigar, que surgió tras una petición de información del senador sobre las estadísticas de casos resueltos en DIPAC.
En ese momento, la agencia aclaró que los casos fueron atendidos mediante distintos procesos. Algunos fueron referidos a otras agencias y entidades investigativas; otros se remitieron a distintas fiscalías para evaluar posibles elementos de delito que no están bajo la jurisdicción de DIPAC; unos se encuentran bajo evaluación en el área civil para gestionar el posible cobro de dinero; y otros fueron procesados criminalmente ante los tribunales.
