La senadora por acumulación Ada Álvarez Conde reclamó acción inmediata para atender las inequidades salariales que continúan enfrentando servidores públicos y señaló tres ejemplos que, a su juicio, demuestran la necesidad de pasar de los anuncios y estudios a la implementación.
“Uniformar no puede significar borrar la trayectoria del servidor público. Podemos crear nuevas escalas y hacer estudios de mercado, pero si al momento de fijar el salario no reconocemos adecuadamente los años de servicio, la experiencia y la preparación académica, seguimos creando injusticias”, expresó Álvarez Conde.
La senadora señaló particularmente la situación del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. La Ley 156-2024 dispuso un salario base y aumentos salariales para estos servidores públicos, pero todavía reclaman su implementación.
“La Ley 156 se aprobó en 2024. Estamos en 2026. ¿Cuánto más tienen que esperar los vigilantes para recibir lo que se convirtió en ley? Una ley que no se implementa no hace justicia al trabajador”, sostuvo.
Álvarez Conde también destacó como ejemplo la situación de empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, donde trabajadores responsables de operar y mantener uno de los servicios esenciales más importantes del país continúan enfrentando salarios que dificultan el reclutamiento y la retención de personal.
“Queremos mejores servicios de agua, pero eso requiere también invertir en quienes mantienen el sistema funcionando. No podemos exigir excelencia mientras pagamos salarios que hacen difícil retener el talento que necesitamos”, expresó.
Finalmente, cuestionó aspectos del nuevo Plan de Clasificación y Retribución del Gobierno, particularmente el tratamiento de empleados incumbentes con décadas de experiencia y preparación académica.
“Después de años trabajando tablas, clasificaciones y escalas, tenemos que preguntarnos algo muy sencillo: ¿cuánto valieron los años de servicio y cuánto valieron los estudios del empleado que ya estaba allí? Esa respuesta tiene que estar clara”, afirmó.
Álvarez Conde recordó que desde el Senado ha impulsado iniciativas relacionadas con compensación y retención de talento en áreas esenciales como educación, salud y seguridad pública, y sostuvo que continuará trabajando para que el Gobierno pueda competir por profesionales sin dejar atrás a quienes ya han dedicado años al servicio público.
“Retener talento también es política pública. Puerto Rico necesita buenos maestros, profesionales de la salud, trabajadores sociales, policías, oficiales correccionales, vigilantes, técnicos y trabajadores de nuestros servicios esenciales. Pero no basta con decir que los necesitamos: hay que pagarles justamente, reconocer su preparación y valorar los años que han dedicado a servirle al país”, concluyó.
