El Senado recibió en sesión ordinaria el primer informe parcial sobre la Resolución del Senado 548, presentado por la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, que dirige el presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, en el cual se identifican discrepancias entre el testimonio ofrecido por el exsecretario de la Gobernación, Francisco Domenech, y las declaraciones juradas de los licenciados Sebastián Negrón Reichard y Ernesto Zayas García, por lo que los hallazgos fueron referidos a agencias estatales y federales para la correspondiente investigación.
Rivera Schatz sostuvo que realizar un referido para investigar posibles violaciones de ley no constituye una carrera de velocidad y que se debe contar con los elementos necesarios para actuar responsablemente. “Una vez recibimos los testimonios bajo juramento, con la formalidad que eso implica, era prudente realizar los referidos. Determinar si esos testimonios son veraces o creíbles les corresponde al Departamento de Justicia, a la Oficina del Fiscal Especial Independiente, al FBI y a la Oficina de Ética Gubernamental, que deberán examinar los testimonios y la prueba documental, incluyendo la corroboración de los mensajes de texto. Adjudicar la culpa antes de verificar esa evidencia sería irresponsable”, manifestó el presidente del Senado.
Ante estos hallazgos preliminares, la Comisión realizó referidos a las autoridades concernientes para que lleven a cabo las investigaciones que procedan en derecho. El informe consigna que varias autoridades iniciaron procesos investigativos y que el Senado tiene ante su consideración diversos requerimientos de información o subpoenas.
La senadora del Partido Independentista Puertorriqueño María de Lourdes Santiago Negrón describió el documento como un recuento eficiente de las declaraciones juradas que son de dominio público y sostuvo que su resumen facilita la comprensión de la cronología de los sucesos que provocaron la querella ante la consideración del Senado. “En ese sentido, no es detectable falta alguna en su redacción”, expresó la senadora.
Por su parte, el portavoz del Partido Popular Democrático, Luis Javier Hernández Ortiz, dijo que “entendemos y esperamos que esta investigación continúe, máxime cuando no podemos descansar exclusivamente en las agencias fiscalizadoras del gobierno. El Senado tiene el deber de investigar este asunto más allá de cualquier individuo y examinar lo ocurrido durante todo el proceso, porque representa un precedente nefasto”.
Otras medidas aprobadas
De igual forma, recibió aval senatorial el Proyecto del Senado 1196, del vicepresidente senatorial Carmelo Ríos Santiago, que crea el Programa de Asistencia Inteligente de Velocidad. La iniciativa permitirá que los tribunales ordenen la instalación de dispositivos que limiten electrónicamente la velocidad de los vehículos utilizados por personas convictas de determinadas infracciones graves o recurrentes.
La participación en el programa podrá extenderse de tres a seis meses y requerirá que el conductor utilice una licencia restringida y opere únicamente vehículos equipados con el dispositivo. El programa será administrado por el Departamento de Transportación y Obras Públicas en coordinación con la Comisión para la Seguridad en el Tránsito y la Puerto Rico Innovation Technology Service (PRITS).
Por otra parte, el Alto Cuerpo favoreció el Proyecto del Senado 1124, de la senadora de mayoría Wandy Soto Tolentino, que crea Ley para la Evaluación y Monitoreo del Ecosistema de Emprendimiento en Mujeres en Puerto Rico, adscrito a la Oficina de Inteligencia y Estrategias de Negocios del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. El organismo recopilará y analizará información sobre el acceso a financiamiento, las barreras regulatorias y las oportunidades de crecimiento de las empresas lideradas por mujeres.
También fue aprobado el Proyecto del Senado 1131, de la senadora Nitza Moran Trinidad, que prohíbe la venta, distribución, posesión, consumo, publicidad y suministro de productos que contengan tianeptina. La sustancia, comercializada bajo nombres como ZaZa, Tianaa, Pegasus, Red Dawn y Neptune’s Fix, ha sido relacionada con dependencia, sobredosis y otros riesgos graves para la salud.
“Así como orientamos sobre las drogas ilícitas y sobre consumos legales como el alcohol y el cigarrillo, tenemos que hablar de estas nuevas modalidades. Hoy quiero que todo el mundo conozca lo que se ha denominado la ‘heroína de las gasolineras’ productos que se comercializan con facilidad y contienen tianeptina. Al no estar regulados, muchos jóvenes los consumen y se han registrado situaciones de sobredosis. Hoy Puerto Rico va a tomar cartas en el asunto y estamos protegiendo vidas”, indicó Moran.
Además, se le dio paso a la Resolución del Senado 606, de Rivera Schatz, que respalda el programa Head Start, que en Puerto Rico atiende a más de 25,000 niños con más de 10,000 empleados; mientras, se opone a la propuesta federal de reducir del 15% al 5% el tope de costos administrativos, lo que afectaría a los municipios y organizaciones que operan el programa. Además, pide que la nueva reglamentación reconozca a Puerto Rico dentro de la definición de “State” y exhorta al Gobierno a capacitar en inglés al personal de Head Start para lograr una transición ordenada.
“Esta medida le brinda a Puerto Rico una oportunidad para sus niños y para el personal, al concederles una consideración que les permita cumplir con las exigencias. No debe ofender a nadie; por el contrario, todos deberíamos respaldarla. Al aprobar esta resolución, les decimos a los puertorriqueños que conocemos las circunstancias, las necesidades y las inequidades, que las combatimos y que procuramos alcanzar la igualdad y proveer oportunidades”, expresó Rivera Schatz.
El Senado aprobó además la Resolución Conjunta del Senado 172, presentada por Morales Rodríguez mediante petición, que ordena crear una tablilla conmemorativa para reconocer la labor de la organización sin fines de lucro 5 Sentidos. La entidad promueve la concienciación y ofrece servicios relacionados con el Trastorno de Procesamiento Sensorial entre menores y jóvenes. La tablilla estará disponible voluntariamente durante marzo de cada año, a partir de 2027, por un cargo de cinco dólares que será transferido al fondo de la organización.
Asimismo, se dio paso a la Resolución Conjunta del Senado 190, de Ríos Santiago, que ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas adoptar un reglamento uniforme para los negocios ambulantes que operan en las carreteras estatales. Este deberá establecer criterios sobre ubicación, seguridad vial, permisos, uso del derecho de vía y coordinación durante proyectos de construcción.
En un turno, Ríos expresó que en Puerto Rico existen entre 30,000 y 40,000 vendedores ambulantes. “Algunos están en plazas, otros en las aceras y algunos en los campos, pero la inmensa mayoría son familias que se levantan día a día a promover la agricultura, la artesanía y atender distintas necesidades de los pueblos. Son personas que se levantan todos los días a trabajar y buscan un espacio para echar hacia adelante a sus familias. Creo que es necesario que miremos esta resolución como una práctica para futura legislación y pongamos en contexto la realidad de estos comerciantes”, añadió el vicepresidente.
Relacionado con este asunto, fue avalada la Resolución Conjunta del Senado 191, del senador Rafael “Rafy” Santos Ortiz, que ordena paralizar las acciones de remoción, desalojo o reubicación de negocios ambulantes situados en carreteras estatales hasta que se promulgue una reglamentación uniforme. La paralización no aplicará cuando el negocio obstruya o interfiera con proyectos de construcción, rehabilitación o mejoras viales desarrollados por el DTOP, la Autoridad de Carreteras y Transportación u otra autoridad competente.
Senado avala medidas de la Cámara
El cuerpo legislativo también avaló el Proyecto de la Cámara 1206, medida de administración, para regular la grabación en audio y video de los interrogatorios realizados a menores durante una investigación. La medida requiere el consentimiento expreso del menor, asistido por sus padres o encargados, o por un defensor judicial, y por su abogado. Su negativa deberá constar por escrito, pero no podrá utilizarse en su contra.
Finalmente, fue aprobada la Resolución Conjunta de la Cámara 273, presentada por petición, que ordena a la Autoridad de Tierras y a la Junta de Planificación liberar las restricciones de preservación e indivisión impuestas sobre un predio de la finca Vega Redonda. El terreno está inscrito en el Registro de la Propiedad de Barranquitas.
