La Secretaría de Asuntos Ambientales del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) denunció que la Orden Administrativa 2026-05 emitida por el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles Pérez, la cual prohíbe el uso de motoras acuáticas (jet skis) en el Mar Negro en Salinas, constituye un intento de presentar como una nueva medida de protección hacia los manatíes una restricción que ya existe desde hace años dentro de la Reserva Nacional de Investigación Estuarina de Bahía de Jobos, la segunda área estuarina más amplia de Puerto Rico.
El secretario de Asuntos Ambientales del PIP, Víctor Alvarado Guzmán, sostuvo que el anuncio crea la impresión de que el Gobierno acaba de establecer una nueva protección para los manatíes, cuando el propio Plan de Manejo de la Reserva ya prohibía el uso de motoras acuáticas en todas las aguas de la Reserva.
» El Plan de Manejo de la Reserva Nacional Estuarina de Bahía de Jobos, en su Sección 9.2 sobre usos permitidos y prohibidos, establece que únicamente se permite el uso de kayaks y embarcaciones conforme a la Ley 430-2000 y su reglamentación vigente, mientras que el uso de motoras acuáticas está expresamente prohibido en todas las aguas de la Reserva. Si el uso de motoras acuáticas ya estaba prohibido en Mar Negro y en toda la Reserva de Bahía de Jobos, la pregunta que el país debe hacerse no es por qué ahora se anuncia una nueva prohibición, sino por qué el DRNA nunca hizo cumplir la que ya existía”, expresó Alvarado.
El líder ambiental del PIP comparó la medida anunciada por el DRNA con emitir una orden administrativa para prohibir que los conductores crucen un semáforo con la luz roja.
«Sería como anunciar que, debido al aumento de accidentes y muertes en un semáforo, ahora queda prohibido pasar con la luz roja. Eso ya está prohibido. El verdadero problema sería que nadie está haciendo cumplir la ley. Exactamente eso ocurre aquí», añadió.
Alvarado indicó que residentes de la comunidad de Las Mareas aseguran que prácticamente todos los fines de semana continúan entrando motoras acuáticas al área de Mar Negro, a pesar de que esa práctica ya estaba prohibida.
«El problema nunca ha sido la ausencia de una prohibición. El problema ha sido la ausencia de vigilancia y fiscalización. ¿Dónde ha estado el Cuerpo de Vigilantes del DRNA? ¿Existe falta de personal? ¿Cuántos boletos se han expedido por violaciones a esta prohibición durante los últimos cinco años? Antes de anunciar medidas que ya existían, el Secretario debería explicar por qué no se hicieron cumplir», indicó Víctor Alvarado.
La Orden Administrativa se limita al área conocida como Mar Negro, dentro de la Bahía de Jobos, aunque inicialmente se difundió erróneamente que la prohibición aplicaba a toda la Bahía de Jobos o incluso a toda la Bahía de Salinas.
«Mar Negro es solamente un sector de la Reserva. Mientras tanto, los manatíes continúan expuestos a embarcaciones y motoras acuáticas en otras zonas donde también se han registrado muertes. El año pasado ocurrió una muerte de un manatí cerca del muelle del restaurante Ladis Place, una zona distante de Mar Negro. ¿Cuál es el plan del DRNA para proteger a los manatíes fuera de Mar Negro? ¿Qué medidas concretas se implementarán en el resto de la Bahía de Jobos y en la Bahía de Salinas? Esas son las preguntas que el Secretario debe contestar», comentó Alvarado.
Asimismo, el Plan de Manejo dispone un corredor de navegación a través de Mar Negro exclusivamente para facilitar el acceso de los pescadores locales hacia la comunidad de Las Mareas, limita las embarcaciones a un máximo de 22 pies y establece una velocidad máxima de cinco nudos para proteger los ecosistemas sensibles.
Sin embargo, la nueva Orden Administrativa firmada por Quiles Pérez aumenta el tamaño permitido de las embarcaciones hasta 25 pies y omite precisar que ese corredor fue concebido para el uso de pescadores locales.
«Resulta preocupante que la Orden Administrativa ni siquiera haga referencia al Plan de Manejo de la Reserva. Eso plantea una interrogante legítima: ¿el Secretario desconoce la existencia del documento rector que regula esa área protegida o simplemente decidió ignorarlo para construir una narrativa de que estaba adoptando una medida novedosa?», cuestionó Alvarado.
Finalmente, la Secretaría de Asuntos Ambientales del PIP reiteró que la protección efectiva del manatí antillano requiere una estrategia integral que incluya vigilancia permanente, patrullaje marítimo, educación a los navegantes, fiscalización efectiva y medidas de conservación en todas las áreas donde habita la especie, y no únicamente en un sector específico de la Bahía de Jobos.
«Los manatíes no necesitan anuncios de prensa ni prohibiciones repetidas. Necesitan una agencia ambiental y un gobierno que haga cumplir las leyes que ya existen y que proteja toda la zona donde vive esta especie amenazada», concluyó Alvarado.
