Una propuesta legislativa que busca establecer un seguro de responsabilidad obligatorio para embarcaciones de motor en Puerto Rico generó preocupación entre agencias públicas y representantes del sector asegurador, quienes advirtieron sobre su viabilidad financiera y operacional.
El Proyecto de la Cámara 1156 pretende exigir una póliza básica de responsabilidad pública como requisito para renovar el registro y operar embarcaciones en la isla. Sin embargo, la Oficina del Comisionado de Seguros recomendó realizar un estudio actuarial antes de implantar la medida, al entender que el riesgo marítimo requiere una estructura distinta y más compleja que la del seguro compulsorio de autos.
La Asociación de Suscripción Conjunta también expresó reservas, al señalar que la cubierta propuesta incluiría exposiciones elevadas —como remoción de naufragios, lesiones físicas y daños ambientales— que podrían encarecer significativamente la prima y dificultar el cumplimiento de la ley por parte de los dueños de embarcaciones.
A pesar de las objeciones, los proponentes del proyecto sostienen que la legislación es necesaria, ya que actualmente no existe un mandato legal que obligue a mantener este tipo de seguro vigente. Además, subrayaron la falta de información precisa sobre cuántas embarcaciones están aseguradas en Puerto Rico, donde se estima que hay unas 90,000 registradas.
El debate ocurre en medio de preocupaciones por la seguridad marítima. Datos de la Guardia Costera de Estados Unidos reflejan miles de accidentes de navegación recreativa en 2024, incluidos incidentes relacionados con el consumo de alcohol, lo que ha reforzado los llamados a revisar la protección legal y financiera en este sector.
