La representante por acumulación Tatiana Pérez Ramírez presentó un paquete de medidas legislativas dirigidas a atender la crisis de vivienda asequible en Puerto Rico, rehabilitar propiedades abandonadas y ampliar las herramientas disponibles para que municipios y comunidades puedan desarrollar proyectos de vivienda social y comunitaria.
La legisladora explicó que las iniciativas buscan atender el problema desde una perspectiva de política pública, promoviendo mecanismos permanentes que permitan reducir el desbalance existente entre la cantidad de estructuras vacías y las miles de familias que continúan enfrentando dificultades para conseguir un hogar digno.
Entre las medidas sometidas se encuentra el P. de la C. 1000, proyecto que establece un proceso formal para identificar, investigar, adquirir o expropiar propiedades sin dueño registral, facilitando la intervención municipal en estructuras consideradas estorbos públicos.
Asimismo, el P. de la C. 1122 ordena al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) publicar dos veces al año un inventario digital de propiedades embargadas, con el propósito de promover mayor transparencia y facilitar que dichas propiedades puedan destinarse prioritariamente a proyectos de vivienda asequible, social y comunitaria.
De igual forma, el P. de la C. 1123 crea la Ley para la Revitalización de Viviendas Abandonadas mediante Créditos y Exenciones Contributivas, estableciendo incentivos para rehabilitar estructuras certificadas por municipios y el Departamento de la Vivienda.
Mientras, el P. de la C. 1124 autoriza la transferencia de hasta un 25% de propiedades públicas en desuso a municipios, organizaciones sin fines de lucro y desarrolladores comunitarios por el costo simbólico de un dólar, siempre que las mismas sean destinadas exclusivamente a proyectos de vivienda social y accesible.
Además, el P. de la C. 1125 crea un mecanismo para distribuir excedentes fiscales del Gobierno hacia proyectos prioritarios de impacto municipal y comunitario. A esto se suma el P. de la C. 1127, que requiere revisiones quinquenales de los planes sectoriales del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), integrando indicadores económicos, sociales y ambientales para fortalecer la planificación regional.
Sobre las medidas radicadas, Tatiana Pérez Ramírez sostuvo que el objetivo principal es impulsar soluciones concretas y sostenibles para atender la necesidad de vivienda en Puerto Rico.
“En momentos en que tantas familias carecen de un hogar seguro y tantos municipios continúan enfrentando el deterioro de propiedades abandonadas, tenemos que actuar con responsabilidad y sentido de urgencia. No puede seguir existiendo el contraste de casas vacías mientras hay familias sin techo. Nuestro deber es impulsar mecanismos que devuelvan utilidad social a esos espacios y permitan que más puertorriqueños tengan acceso a una vivienda digna”, expresó Pérez Ramírez.
