El representante José Bernardo Márquez, criticó hoy el reciente veto del gobernador Pedro Pierluisi al Proyecto de la Cámara 1489, que crearía una Carta de Derechos para Atletas Profesionales.
“Este proyecto le hacía justicia a nuestros atletas, quienes continuamente se ven impedidos de vindicar sus derechos laborales, contractuales y civiles en los tribunales de Puerto Rico. Con esta medida se dejaba meridianamente claro que los asuntos deportivos se debían ventilar en los foros deportivos, pero las reclamaciones legales de índole contractual o civil podían ventilarse en los tribunales”, explicó Márquez.
La pieza legislativa también le reconocía a los atletas profesionales derechos como: el derecho a estar representados por asociaciones de jugadores profesionales; el derecho a no ser discriminados ni ser objeto de represalias por expresarse o actuar conforme a sus derechos; el derecho a practicar el deporte en entornos seguros y saludables; y el derecho a generar ingresos en relación con su carrera deportiva, su nombre y su imagen.
Por su parte, Pierluisi insinuó en su veto que la medida no era necesaria y señaló que “la medida interfiere con la reconocida autonomía deportiva del Comité Olímpico de Puerto Rico, y con los reglamentos de las federaciones deportivas nacionales y las ligas deportivas”. Márquez Reyes replicó que la medida en nada interfería con la autonomía deportiva, aspecto que había sido clarificado en vista pública.
De igual forma, Márquez Reyes, recordó el testimonio de la baloncestista profesional y abogada Michelle González, durante el trámite de la medida: “Este proyecto debe entenderse como una legislación para proteger los derechos a todo trabajador que labora dentro de este y que aún no tienen protección en reclamaciones judiciales como lo tienen trabajadores y contratistas en otros espacios. La autonomía deportiva, aunque necesaria, no debe ser utilizada como arma de opresión contra quienes se esfuerzan y se dedican a laborar dentro del deporte, así como tampoco un escudo absoluto que permita injusticias internas, que al final afectan al atleta profesional que depende económicamente de su trabajo en el deporte’’.
La medida fue aprobada por unanimidad en la Cámara y el Senado. “Con este veto, el Gobernador le da la espalda a los protagonistas del deporte, que tanto se esfuerzan por ejercer su profesión con justicia y dignidad”, concluyó Márquez Reyes.
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