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Proyecto de Ley obligaría a comercios y servicios a ofrecer tercera alternativa de pago a través de plataformas o aplicaciones electrónicas

Redacción by Redacción
junio 8, 2025
in Gobierno
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Proyecto de Ley obligaría a comercios y servicios a ofrecer tercera alternativa de pago a través de plataformas o aplicaciones  electrónicas
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El representante del Distrito 14, que comprende los pueblos de Arecibo y Hatillo, Edgar Robles Rivera, anunció -hoy- que está próximo a radicar una medida cameral para enmendar la Ley 42-2015, “con el fin de requerir una tercera alternativa de pago en los comercios y servicios, utilizando plataformas o aplicaciones electrónicas validadas en Puerto Rico”. El Proyecto de Ley nace de las constantes visitas a los comercios del distrito y del diálogo con quienes, día a día, se enfrentan a limitaciones al momento de hacer o recibir pagos. Muchos consumidores han expresado gran frustración al encontrarse con negocios que no aceptan más que efectivo o que alegan fallas en el sistema, dejándolos sin opciones al momento de pagar. “Escuchando a los consumidores y visitando los comercios de los municipios de Arecibo y Hatillo, hemos visto la gran necesidad real de ampliar las opciones de pago. La medida busca responder a eso: asegurar que cada persona pueda pagar de forma práctica y segura, sin complicaciones”, expresó Robles Rivera. El proyecto establece que, además de las dos alternativas de pago que ya exige la ley, se incluya una tercera opción mediante plataformas electrónicas ampliamente utilizadas en la Isla. Se busca apoyar tanto a los consumidores como a los comerciantes responsables, brindando herramientas que faciliten las ventas y modernicen la experiencia de compra. En Puerto Rico, servicios como ATH Móvil, PayPal, Apple Pay y Venmo, entre otras plataformas electrónicas y aplicaciones de pago, han ganado una aceptación significativa, especialmente entre sectores y consumidores que buscan conveniencia y agilidad en sus compras de bienes y servicios. La legislación contempla excepciones para pequeños negocios, con ingresos anuales menores de $50,000 y para agricultores ‘bona fide’ en operaciones agrícolas cotidianas.

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