Ante los riesgos que enfrentan los ciudadanos al comprar, vender o intercambiar artículos mediante redes sociales y plataformas digitales, el representante por el Distrito 14 de Arecibo y Hatillo, Edgar Robles Rivera, presentó una resolución conjunta para establecer un programa piloto de “Zonas Seguras de Intercambio” en cuarteles y comandancias de la Policía de Puerto Rico.
La propuesta busca ofrecer espacios identificados, iluminados y cercanos a instalaciones policiacas donde compradores y vendedores puedan reunirse para completar sus transacciones en condiciones de mayor seguridad.
El legislador, quien también preside la Comisión de Asuntos del Consumidor de la Cámara de Representantes, explicó que la iniciativa surge ante incidentes delictivos relacionados con compraventas coordinadas a través de plataformas digitales.
Entre los casos reseñados se encuentra el de una pareja que fue víctima de un asalto mientras intentaba vender una cadena valorada en $12,500, anunciada mediante una red social. En otro incidente, un joven que acudió a comprar una computadora fue interceptado por individuos armados que lo obligaron a transferir $500.
“Una persona que sale de su hogar para comprar un celular, vender una herramienta o entregar cualquier artículo no debería exponerse a un robo o a una agresión. Queremos ofrecer una alternativa que permita realizar estas transacciones en un entorno con mejores condiciones de seguridad, aprovechando las instalaciones de la Policía de Puerto Rico”, expresó Robles Rivera.
La resolución propone establecer inicialmente al menos una zona segura por cada región policiaca, con un mínimo de dos espacios de estacionamiento debidamente identificados e iluminados. El servicio sería gratuito y no requeriría cita previa.
Asimismo, se daría prioridad a las instalaciones que ya cuenten con sistemas de iluminación y vigilancia, con el propósito de aprovechar los recursos disponibles de la Policía de Puerto Rico. La implementación estaría sujeta a la disponibilidad de fondos.
Robles Rivera aclaró que los agentes no tendrían que intervenir en las transacciones, recibir dinero, custodiar mercancía ni verificar los artículos intercambiados. De esta manera, la medida procura ofrecer un entorno más seguro sin imponer responsabilidades adicionales a la Policía sobre los acuerdos privados entre ciudadanos.
El representante señaló que programas similares ya funcionan en distintas jurisdicciones de Estados Unidos, incluyendo Boston, Massachusetts; Arlington, Texas; y localidades de Virginia, donde se han habilitado espacios cercanos a instalaciones policiacas para facilitar intercambios entre particulares.
La propuesta también contempla que la Policía de Puerto Rico, en coordinación con el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), desarrolle esfuerzos de orientación para informar a la ciudadanía sobre la ubicación de estas zonas y las medidas de prevención que deben considerar al realizar compraventas.
Además, dispone evaluar los resultados del programa piloto para determinar la viabilidad de extenderlo a otras instalaciones policiacas de la Isla.
“Estos incidentes demuestran que existe una necesidad real de prevención. No podemos esperar a que más ciudadanos sean víctimas de la delincuencia para considerar alternativas. Queremos ofrecer a las familias puertorriqueñas un lugar más seguro para realizar sus compraventas, porque la seguridad debe comenzar antes de que ocurra una tragedia”, concluyó Robles Rivera.
La medida deberá pasar por el trámite legislativo correspondiente antes de que pueda ponerse en marcha el programa piloto.
