En días recientes, auditores de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico presentaron por primera vez un conversatorio de análisis de sus auditorías más impactantes. En el conversatorio, presentado en el Hotel Caribe Hilton, y titulado “Más allá del hallazgo: aprendizajes que generan impacto”, los auditores demostraron cómo sus investigaciones y auditorías han protegido millones en los fondos públicos para beneficio del Pueblo.
La Contralora, CPA y Lcda. Carmen A. Vega Fournier, destacó que la labor fiscalizadora de los auditores va más allá de identificar irregularidades. Señaló que su trabajo fortalece la transparencia gubernamental y promueve transformaciones significativas que contribuyen directamente a mejorar la administración pública.
Entre los casos expuestos sobresalió el esquema fraudulento de parte de una compañía que logró cobrar por terapias nunca ofrecidas al Departamento de Educación. La auditoría confirmó doble y triple facturación, resultando en sentencias, inhabilitación de la empresa y recuperación de fondos públicos, además de mejoras importantes en los controles internos del Departamento.
Otro caso presentado fue la auditoría al Departamento de la Familia, que evaluó las operaciones fiscales de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF). Este informe de auditoría, el OC‑26‑12, reveló deficiencias en la administración del Programa de Asistencia Nutricional (PAN). El equipo auditor detectó pagos a beneficiarios fallecidos, fallas en la supervisión y un total de 3,751 casos irregulares que generaron reclamaciones por $893,629. De esta cantidad, ya se han recuperado $177,758. Este hallazgo propició la recertificación de beneficiarios y el establecimiento de acuerdos multianuales con el Registro Demográfico para evitar futuros errores.
Por otro lado, los auditores destacaron la auditoría OC‑27‑13, la cual reveló fallas en la administración de inversiones de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. La auditoría señaló acuerdos de crédito por $80 millones fuera de la ley, recomendaciones de un asesor con conflicto de interés y contratos vencidos o sin formalizar por más de $1,700 millones. Estas acciones expusieron fondos públicos a pérdidas millonarias, provocaron una demanda por $99.5 millones y comprometieron la capacidad de la Corporación para responder a necesidades de liquidez y beneficios a los trabajadores.
Asimismo, en la actividad se presentó el informe de auditoría del Municipio de Mayagüez, que identificó irregularidades en sus empresas municipales: desembolsos por más de $1.6 millones sin tener un fin público, ausencia de sistemas de contabilidad y uso inapropiado de la propiedad pública municipal.
Los auditores destacaron que estos casos evidencian la importancia de seguir reforzando la reconstrucción de evidencia y el análisis financiero, herramientas esenciales para descubrir esquemas complejos, recuperar fondos públicos y proteger los recursos del País. Reconocieron la importancia de una buena coordinación con el Departamento de Justicia y otras agencias fiscalizadoras para asegurar procesos más ágiles, acciones legales efectivas y resultados que fortalecen la confianza ciudadana. Estos hallazgos reafirman el valor de la fiscalización y la necesidad de mantener altos estándares de transparencia en la gestión pública.
“Este conversatorio reafirma nuestro compromiso tanto con la capacitación continua de nuestro equipo, como con el fortalecimiento de los controles gubernamentales del País, demostrando cómo nuestro trabajo evita pérdidas millonarias, corrige fallas en los procesos y protege los recursos del pueblo de Puerto Rico”, indicó la Contralora.
