La Asociación de REALTORS® de Puerto Rico (PRAR) endosó de manera contundente el Proyecto de la Cámara 1331, que crea la nueva «Ley para la Regulación de Bienes Raíces en Puerto Rico», tras comparecer ante la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, presidida por el Hon. Víctor Pares. La organización exhortó a la Comisión a emitir un informe positivo sobre la medida y a viabilizar su aprobación en el menor tiempo posible.
«Concurrimos plenamente con los fundamentos de esta legislación. Es un paso lógico y razonable que la Asamblea Legislativa adopte un nuevo marco legal que responda a la realidad actual de nuestra industria y, sobre todo, que fortalezca la protección de los consumidores», expresó Kristina Fábregas, presidenta de PRAR, durante su ponencia.
La medida derogaría la actual Ley Núm. 10 de 1994, vigente desde hace más de 30 años, y consolidaría una reglamentación que hoy se encuentra fragmentada en normas adoptadas entre 1997 y 2019. PRAR argumentó que la actualización es indispensable ante los avances tecnológicos, el auge del mercadeo digital y el aumento de riesgos de fraude y explotación financiera, particularmente contra adultos mayores.
Fábregas compareció acompañada de su Vicepresidente, Orlando Vázquez; la pasada presidenta Vanessa Rivera; el también pasado presidente Américo Vicente; y un nutrido grupo de miembros de la organización. La ponencia contó además con el respaldo público de la Asociación de Arrendadores, la Asociación de Constructores de Puerto Rico y la licenciada Nori Rivera, entre otras entidades.
Entre los cambios más significativos que contempla el P. de la C. 1331, PRAR destacó:
– Mayor protección financiera: las fianzas requeridas aumentan de $10,000 a $20,000 para Corredores y Vendedores, y de $20,000 a $40,000 para Empresas de Bienes Raíces.
– Penalidades más severas: el ejercicio ilegal de la profesión pasa de delito menos grave a delito grave, con pena fija de reclusión de dos años.
– Regulación de profesionales foráneos: se establece un nuevo marco para corredores, vendedores y empresas de otras jurisdicciones de Estados Unidos que soliciten ejercer en Puerto Rico, incluyendo la obligación de mantener cuenta de plica local.
– Modernización administrativa: se instituyen procedimientos electrónicos de licenciamiento y un término máximo de 90 días para que la Junta resuelva los asuntos ante su consideración.
– Protección al adulto mayor: se incorporan disposiciones de educación y prevención de fraude en coordinación con la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada.
– Nueva licencia de Instructor de Bienes Raíces, en sus modalidades General y Especializada.
Según PRAR, estos mecanismos actualizan las prácticas proscritas a la realidad del mercadeo digital —incluyendo representaciones visuales que distorsionen la condición real de una propiedad— y responden a un consenso amplio entre sectores financieros, de construcción y de protección al consumidor, incluyendo la Asociación de Bancos, DACO, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) y AARP.
«Nuestros profesionales son un instrumento vital para miles de familias que logran adquirir su hogar y para comerciantes y empresas que dependen de transacciones de bienes raíces seguras y confiables. Este proyecto les da a esos consumidores el marco de protección que merecen», indicó Fábregas.
PRAR reiteró su disposición a colaborar con la Comisión de Gobierno en todo lo que sea necesario y confía en que la medida continúe su curso legislativo con la prontitud que amerita un asunto de tan alto interés público.
