Representantes de paradores de la zona oeste hicieron un llamado al Gobierno de Puerto Rico para que fortalezca la fiscalización y el cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables a los alquileres a corto plazo, ante el crecimiento de este tipo de alojamiento y su posible impacto sobre la industria hotelera tradicional.
Ángel Rodríguez, propietario del Parador Boquemar en Boquerón, Cabo Rojo, sostuvo que el principal problema no necesariamente radica en la ausencia de reglamentación, sino en la falta de una fiscalización más rigurosa para garantizar su cumplimiento.
“Sabemos que hay leyes y reglamentos que buscan regular los alquileres a corto plazo. Sin embargo, el problema principal es que no se validan los mismos”, expresó Rodríguez.
El empresario advirtió que la proliferación de propiedades destinadas al alquiler turístico sin una supervisión efectiva podría generar una competencia desigual frente a hoteles, paradores y otras hospederías que deben cumplir con permisos, obligaciones contributivas, medidas de seguridad y diversos requisitos para operar.
Rodríguez aclaró que su planteamiento no busca eliminar los alquileres a corto plazo ni oponerse a esta modalidad de alojamiento. No obstante, sostuvo que las propiedades utilizadas con fines comerciales deben asumir responsabilidades comparables a las que se les exigen a los establecimientos de alojamiento turístico.
“Como se exige a una hospedería, así mismo se le debe exigir a los llamados ‘Airbnb’”, manifestó.
Como ejemplo de los posibles efectos de un crecimiento acelerado de esta modalidad, Rodríguez mencionó la situación de Barcelona, España, donde las autoridades han anunciado medidas dirigidas a eliminar progresivamente las licencias de apartamentos turísticos para finales de 2028, en medio de preocupaciones relacionadas con el acceso a vivienda y la convivencia en las comunidades.
El propietario de Boquemar insistió en que Puerto Rico debe atender el asunto antes de que alcance mayores proporciones, particularmente en zonas turísticas del oeste donde convergen comunidades residenciales, hospederías tradicionales y un número creciente de propiedades destinadas a estadías de corta duración.
A su juicio, cualquier política pública sobre este sector debe procurar un balance que permita la existencia de nuevas alternativas de alojamiento, pero que al mismo tiempo proteja a las comunidades y garantice condiciones equitativas para los negocios que forman parte de la industria turística formal.
“Se debe ser más riguroso ante esta situación, ya que podría irse fuera de control”, advirtió Rodríguez al reiterar su llamado a las agencias gubernamentales a fortalecer la fiscalización de estas propiedades.
