El Ombudsman de Puerto Rico y miembro de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FÍO), Edwin García Feliciano, lamentó que las condiciones de trabajo que imperan en la industria de la aguja y textiles sean una “reminiscencia de la esclavitud”, al constatarse que, en pleno siglo XXI, los empleados de este sector – en su mayoría mujeres-, todavía no acumulan ni un solo día por licencia por enfermedad.
El reclamo de estricta justicia social de García Feliciano no surge de la improvisación, sino que forma parte de una agenda de trabajo que viene discutiendo activamente desde el año pasado como Procurador del Ciudadano, con la Asamblea Legislativa y el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH).
Ante la urgencia de transformar este panorama de desprotección obrera, el pasado mes de febrero, el Ombudsman formalizó un señalamiento directo mediante una comunicación escrita dirigida a la Secretaria del Trabajo, María del Pilar Vélez Casanova, en torno al Decreto Número 35, que gobierna los derechos de dichos trabajadores.
“Este decreto patronal cuenta con más de 70 años de existencia- habiendo sido su última revisión en el lejano año de 1992-, y perpetúa una estructura de compensación arcaica que resulta totalmente incompatible con los derechos humanos fundamentales y laborales consagrados para proteger la dignidad de la clase trabajadora”, argumentó García Feliciano, destacando que, a estos empleados, solo se le reconocen nueve días por vacaciones. Puntualizó que la industria de la aguja es importante para la economía de la Isla, pero no puede desarrollarse a costa de la salud de sus trabajadores. Mucho menos, explicó, cuando la fuerza trabajadora está mayormente integrada por madres, esposas y jefas de familia.
Añadió García Feliciano que el gobierno estatal y a la Asamblea Legislativa, deben evaluar con urgencia cómo se puede sustituir este incentivo obsoleto, el cual calificó sin ambages, como una rémora esclavista, que lacera la equidad y el bienestar elemental de los obreros puertorriqueños.
Como parte de sus gestiones, García Feliciano informó de una reunión oficial celebrada el pasado 7 de agosto con la Titular del Trabajo, donde la funcionaria se comprometió a evaluar de manera exhaustiva el delicado tema. En esa misma línea de acción legislativa y fiscalizadora, el Ombudsman sostuvo un encuentro de trabajo el 19 de agosto con el senador Luis Daniel Colón La Santa para discutir a fondo el asunto, oportunidad en la cual solicitó formalmente la radicación de una legislación que evalúe y reforme los alcances lesivos del decreto 35.
La ofensiva del Procurador continuó el 31 de agosto pasado, fecha en que García Feliciano se reunió con el representante Roberto López con el propósito de examinar el expediente de los obreros afectados, logrando su compromiso de presentar medidas normativas concretas en la Cámara baja.
“Ya esta reunión tuvo frutos y nos place conocer que el legislador radicó el PC 1448, que busca eliminar el Decreto Mandatorio 35 y aplicar a estos empleados, las reglas generales sobre vacaciones y enfermedad”, apuntó.
Como parte de estas gestiones de fiscalización estructural, a ambos legisladores se les solicitó también evaluar otros decretos análogos que mantienen en desventaja a distintos gremios laborales, asegurando que la revisión de la política pública del empleo sea integral, justa y cónsona con la realidad económica actual.
El Procurador del Ciudadano recalcó que los días que legítimamente puede tomar un obrero por concepto de vacaciones y enfermedad, no operan en el vacío ni constituyen meros privilegios, sino que responden a propósitos humanos de incalculable valor.
“En el caso específico de los días por enfermedad, la necesidad es aún más imperativa, pues se trata del tiempo indispensable que le permite a un empleado atender responsablemente su salud física y mental para poder seguir trabajando, sostener su sustento y cumplir con las delicadas responsabilidades del hogar y de la familia frente a cualquier quebranto. Es inconcebible que un decreto, siga perpetuando la servidumbre de manera involuntaria”, acotó el Ombudsman Edwin García Feliciano, al sostener que no se puede hablar de condiciones de trabajo justas para los trabajadores de la industria de la aguja, cuando la normativa vigente tolera un decreto que es denigrante.
