La representante Lourdes Ramos exigió la renuncia del CPA Ricardo Dalmau Santana, Presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR), y acusó al organismo de incumplir con el pago de las aportaciones patronales a su Sistema de Retiro, que para este año fiscal, asciende a $156.5 millones.
Ramos le salió al paso a cualquier intento que pretenda lacerar la confianza de los empleados de la Universidad, sobre la fortaleza y solvencia del Sistema de Retiro de la institución.
“Dalmau ha renegado el deber de proteger a los trabajadores de la universidad y se hace arquitecto y cómplice del desfalco que pretenden seguir haciéndole a las arcas de retiro. ¡Basta ya!”, conminó.
De hecho, le legisladora también pidió que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) identifique quiénes son sus actuarios ya que se hace imperativo una conciliación fiscal de cuentas con los actuarios del sistema, que son los que llevan el detalle y control de las inversiones de los haberes de los empleados universitarios.
No obstante, a pesar de que la Junta de Gobierno realiza sus aportaciones por debajo de lo requerido actuarialmente, Ramos fue enfática en asegurar, que el sistema cuenta con los recursos e inversiones para atender el pago de sus obligaciones cuando menos, por los próximos 30 años.
Tanto es así que, con una estrategia positiva, ha logrado posicionarse en todos los Estados Unidos, como el quinto sistema con el mayor retorno de inversión.
«Actualmente el fideicomiso puede cumplir con todas sus obligaciones y corresponde al
Patrono, que es la Junta de Gobierno de la UPR, asumir la obligación de sus pagos puntuales y realizarlos sin demora ni excusas», reclamó.
Acusó la representante que Dalmau y la Junta se han rendido a los deseos y manipulaciones de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que dice que quiere «reformar» el sistema de retiro, pero que la realidad es que está empecinada en convertir al actual Fideicomiso con sus recursos bien invertidos, en un sistema 401 k, contrario a la ley.
«Se hace totalmente innecesario trastocar el Sistema de Retiro de la UPR que tiene en inversiones casi $2,000 millones. Que Dalmau y la Junta de Gobierno se pongan a pagar puntualmente sus aportaciones patronales y observen las recomendaciones de los actuarios. Es su obligación», expresó de manera categórica la legisladora.
Ramos recordó que, en el 2016, el sistema fue sometido a las disposiciones de la Ley de Fideicomisos de Puerto Rico (Ley 219-2012), formalizando un fideicomiso independiente, dotado de personalidad jurídica propia, así como de obligaciones
fiduciarias autónomas, separadas de la administración universitaria.
Como cuestión de derecho, esta estructura jurídica imposibilita que la UPR pueda imponer unilateralmente una reforma pensional, congelar beneficios o sustituir la estructura del Fideicomiso. En consecuencia, la única vía compatible con el ordenamiento aplicable, es el pago puntual de los fondos requeridos conforme a las determinaciones actuariales del Sistema de Retiro de la Universidad.
Bochornosamente, siguió diciendo Ramos, han sido las propias acciones a través de los años, de los directivos de la Universidad, las que han propiciado que se cree una deuda en las aportaciones patronales.
«La culpa de este desfase no recae en el sistema ni en los trabajadores. Este empeño malsano crea desasosiego y atenta contra la paz emocional de los jubilados”, agregó.
Ramos, quien ha sido una ardiente y apasionada defensora del Sistema de Retiro universitario, defendió a viva voz la posición asumida por los profesores, personal no docente y trabajadores de la Universidad.
«Los trabajadores de la UPR son los que tienen la razón sobre este asunto. No podemos trastocar los derechos adquiridos de todo el personal, que entregó sus vidas para construir la universidad del pueblo», afirmó con vehemencia.
Asimismo, la representante- principal autora de toda la legislación sobre los sistemas de retiro públicos-, no descartó seguir atajando por la vía legislativa, cualquier intento para trastocar el Fideicomiso.
