Por: Jorge ‘Georgie’ González Otero / Presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico / Alcalde de Jayuya
La actual congelación del impuesto al inventario y su eventual eliminación en el 2028 es un mecanismo que terminarán pagando los ciudadanos de todos los municipios de Puerto Rico. Ciertamente, aún hay ciudadanos que no conocen la realidad de lo que significa el Proyecto de la Cámara 420, el cual está hecho para beneficiar intereses comerciales ya multimillonarios, a costa de los servicios que reciben los ciudadanos. Es así de sencillo: eliminan unos fondos sin ofrecer alternativa alguna.
Por eso, tanto nuestra Asociación de Alcaldes de Puerto Rico como los compañeros de la Federación de Alcaldes exigimos que se devuelva ese proyecto a la Legislatura y se corrija el error cometido, porque los números están ahí.
La eliminación del impuesto al inventario significa la pérdida de $17 millones anuales para el Municipio de Cataño y $3.7 millones en el caso de Arecibo, según los datos del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM). El Municipio de Ponce perdería $16 millones anuales y, en el caso de Mayagüez, $11.3 millones. Incluso la capital de Puerto Rico, San Juan, perdería $58.9 millones anuales con la eliminación de este impuesto.
Municipios de todos los tamaños recibirán el golpe: $2 millones en el caso de Vega Baja y $1.4 millones en Vega Alta. Toa Baja perdería $9.8 millones y $4.4 millones en el caso de la ciudad de Humacao. Otros ejemplos son el Municipio de Carolina, que perdería $26.7 millones anuales; Manatí, $2.7 millones; y Caguas, $18.6 millones. Según los datos del CRIM, Bayamón perdería $32.4 millones anuales, y municipios más pequeños como Adjuntas perderían cantidades como $179,018, Aibonito $648,743, Culebra $44,180 y Ciales $147,546 al año.
La eliminación del impuesto al inventario no significa una baja en los precios de los productos, tal como ha admitido en los medios el señor Ramón Barquín III, presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD). Lo que sí es seguro es que los municipios verán una reducción drástica en sus ingresos. Peligran los fondos para el recogido y disposición de desperdicios sólidos, el pago de amas de llave, reparaciones de vías públicas, fomento del deporte, seguridad, cultura y educación.
Incluso, las familias humildes que pierden uno de los suyos, cuando buscan ayuda para los entierros, no van a La Fortaleza ni a la Legislatura: van al municipio. Los municipios llevamos años reduciendo gastos, limitando proyectos y desarrollando consorcios. A eso se suma la intención de seguir asignando a los municipios las obligaciones del Gobierno Central en sectores como el mantenimiento de carreteras y facilidades públicas. Todo esto afecta directamente a los ciudadanos más vulnerables, que son quienes sufren las consecuencias.
Ellos no tienen cabilderos en la Legislatura ni en La Fortaleza: los ancianos, las madres solteras, los desempleados. Esos son los verdaderos números de la eliminación del impuesto al inventario. Profundizar la crisis no es solución. Hay que devolver el Proyecto de la Cámara 420 a la Legislatura y hacer las cosas bien.
