Por Eunice M. Ortiz Nieves/ Trabajadora Social (Lic. #17508)
Hace unas semanas, mientras pasaba tiempo en las redes sociales, me encontré con el siguiente titular: “¿Puerto Rico pierde a su próxima generación? Un 57% de los jóvenes piensa irse del país” y de inmediato, mi mente se inundó de miles de preguntas, no de las razones, sino de las acciones que han faltado para evitarlo. Según la nueva Radiografía del Consumidor presentada por la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA, 2026), una tercera parte de los encuestados ha considerado emigrar de Puerto Rico dentro de los próximos uno a tres años debido a la situación económica y las condiciones generales del país. Entre quienes evalúan esa posibilidad, el 57% corresponde a personas entre 18 y 27 años, mientras que otro 37% pertenece al grupo de adultos entre 28 y 48 años. Estas cifras revelan una realidad social que ha sido advertida por personas expertas en demografía y conducta humana, cuya atención, partiendo de las realidades de la juventud, es inminente.
El panorama en nuestro país continúa agudizándose a medida que se impulsan iniciativas legislativas como el Proyecto de la Cámara 1115, que propone derogar la Ley del Salario Mínimo y eliminar la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo. Por un lado, se espera que los jóvenes permanezcan en el país, estudien, trabajen y aporten al desarrollo económico, pero por otro, se promueven medidas que disminuyen sus posibilidades de recibir una remuneración justa por su trabajo y de tener una buena calidad de vida. Es contradictorio pedirle a esta generación que construya su futuro aquí, cuando cada día aumenta la incertidumbre sobre las condiciones para tener estabilidad laboral y económica.
Según Carrasquillo Casado (2021), las condiciones de trabajo que hay disponibles en el mercado laboral son poco favorables para el empleado. La inserción laboral de la juventud puertorriqueña está condicionada por factores estructurales relacionados con la crisis económica y la precariedad laboral. De la investigación doctoral se desprende que las condiciones de trabajo que hay disponibles para la juventud son poco favorables, máxime
cuando son jóvenes de escasos recursos económicos. A eso se le suman los cambios de horarios, trato inadecuado, largas jornadas a tiempo parcial, tareas adicionales que no les corresponden y ausencia de beneficios marginales. Esa exclusión o privación de derechos y de oportunidades laborales más remuneradas o estables para las juventudes les limita o retrasa las posibilidades de independizarse, de formar una familia, de alquilar o adquirir una vivienda a un precio asequible; de poder contar con un ingreso que les permita planificar su futuro y disfrutar de calidad de vida.
Por otro lado, la autora de esta disertación trae un punto central que he vivido muy de cerca en mi experiencia insertándome en diversos espacios: el adultocentrismo. Este fenómeno social sucede de manera muy silenciosa y se ha convertido en algo casi normal o natural. Sucede cuando se conforman mesas de trabajo para hablar de juventud, pero sin la juventud. Se toman decisiones sobre sus necesidades, sin contextualizar los factores que rodean a ese joven. Todavía la sociedad mira a la juventud como falta de experiencia colocándolos en una posición de subordinación frente a las personas adultas. Esta percepción hace que se manifieste en áreas como salud, vivienda, empleo y en la política, donde sus voces y realidades suelen ser rechazadas, invisibilizadas o excluidas (Carrasquillo Casado, 2021). Como sociedad, todavía enfrentamos el reto de reconocer que la integración intergeneracional en los espacios laborales y comunitarios es esencial para preservar, fortalecer y dar continuidad al trabajo impulsado por las generaciones de líderes y lideresas que han contribuido al desarrollo social.
Cada vez que la juventud decide irse del país, fracasamos en el deber ministerial de asegurar que toda persona tenga acceso a una vida digna donde pueda forjar con herramientas adecuadas su futuro. Cuando la juventud abandona el archipiélago, no lo hace porque quiere, sino porque entiende que merece más. Más oportunidades, más recursos, más espacios para crecer y aportar desde sus respectivas disciplinas profesionales. En la medida en que el gobierno continúa normalizando la migración de la juventud, ignora la importancia de rescatar a la generación que se supone que tendría en sus manos el porvenir de Puerto Rico. Cada joven que decide irse es sinónimo de lo que pierde el país.
