Una legislación ante la Cámara de Representantes que propone ampliar de 15 a 30 días el término concedido a un propietario en mora para efectuar el pago requerido antes de que el consejo o junta de residentes reclame la deuda judicialmente recibió el aval de entidades gubernamentales y la Asociación de Condominios.
El Proyecto de la Cámara 1395, presentada por el Ejecutivo, pretende favorecer principalmente a la población de adultos mayores al otorgar un espacio adicional para verificar la deuda, procurar orientación y cumplir con su obligación de pago. La medida fue atendida en la Comisión de Asuntos Municipales, presidida por el representante Luis “Junior” Pérez Ortiz.
“Incluso treinta días constituyen un margen limitado, pero ofrecen una oportunidad más razonable”, expresó Wilson Cruz Chocano, oficial de Legislación y Reglamentación de la Asociación de Condominios. “Su utilidad es especialmente clara para quienes dependen de ingresos fijos o necesitan asistencia para revisar correspondencia y efectuar pagos”, añadió.
Mientras, la Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA) destacó que la medida, de ser aprobada, tendrá un efecto positivo para el sector de personas adultas mayores que suele enfrentar limitaciones de movilidad, dificultades tecnológicas para acceder o manejar trámites, así como restricciones económicas más marcadas.
Según Valeria Rosario, ayudante especial de la OPPEA, la enmienda propuesta al Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020) no solo mejorará la eficiencia administrativa, sino que se convertirá en un mecanismo de protección social para salvaguardar la vivienda y el bienestar general de los adultos mayores.
“La propuesta legislativa genera beneficios concretos dirigidos a proteger la estabilidad residencial y reduce el riesgo de pérdida de vivienda por atrasos que podrían haberse resuelto con más tiempo”, precisó Rosario, quien compareció en representación de la procuradora Yolanda Varela.
Durante la audiencia, el representante Pérez Ortiz acogió la recomendación de la OPPEA para que la propuesta legislativa incluya campañas educativas orientadas hacia el adultos mayor para asegurar que la enmienda cumpla su propósito.
“Esto es un problema que le puede suceder a cualquier. No tiene que ser un adulto mayor, pero debe haber una campaña de orientación para que las personas que puedan enfrentar este tipo de situación tengan un poco de paz de que tienen una herramienta adicional para atender el asunto”, indicó el legislador.
El proyecto de ley también fue endosado por la Oficina del Procurador del Ciudadano, pero el Ombudsman Edwin García Feliciano instó a que se evalúen métodos alternos disponibles para la búsqueda de acuerdos, como la negociación, la mediación o la consideración de planes de pago.
“Si al momento de recibir el requerimiento de pago una persona atraviesa una situación económica que le impide satisfacer la totalidad de la deuda, existe la posibilidad de que, una vez transcurrido el término concedido, continúe enfrentando la misma dificultad”, opinó García Feliciano en una ponencia escrita.
Cruz Chocano, de la Asociación de Condominios, recordó que la Ley de Condominios de Puerto Rico establece la obligación de la Junta de Residentes a negociar un plan de pago con el propietario en mora que demuestre tener una necesidad económica antes de realizar un corte de servicio.
De esta vista pública también participaron los representantes Domingo Torres García, Pedro “Pellé” Santiago Guzmán y la vicepresidenta de la Cámara, Yashira Lebrón Rodríguez.
