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Por: Jeynaliz M Rodríguez / Estudiante del RUM
Es irónico que líderes religiosos incursionen en la política, “bendiciendo” eventos y actividades a cambio de beneficios económicos. No es menos sorprendente que, al mismo tiempo, aplaudamos a políticos que, mediante estrategias cuestionables, buscan asegurar el voto masivo de comunidades dispuestas a ignorar cualquier señal de corrupción. En muchos casos, con tan solo unos billetes de baja denominación, se compra la ilusión de devoción.
El reciente Proyecto del Senado 1 propone establecer la “Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa en Puerto Rico”, enmendando el artículo cinco de la Ley 25 del 1983. Su objetivo es reconocer la libertad religiosa en todos los ámbitos, incluyendo ciudadanos, empleados estatales, estudiantes, padres y tutores, así como pacientes en instituciones médicas tanto del sector público como privado. Sin embargo, la práctica revela una inquietante doble moral. Mientras se promueve la libertad religiosa, se observa cómo partidos políticos contratan líderes religiosos mediante acuerdos que, en algunos casos, incluyen un “diezmo” para convencer a sus seguidores de forma indirecta.
Este entramado no solo busca persuadir mediante argumentos de fe, sino que también impulsa leyes diseñadas para favorecer a determinadas comunidades religiosas. La realidad es que, para la mayoría de los líderes políticos, el interés no está en la protección de derechos religiosos, sino en asegurar votos que les garanticen mantenerse en el poder por cuatro años más. No se trata de un simple pastor en el centro de un pueblo, sino de figuras con apellidos influyentes y adquisiciones económicas considerables, capaces de negociar contratos millonarios en agencias federales. Esta estrategia evidencia cómo la política se utiliza para comprar el voto conservador y religioso, sacrificando principios en favor del poder y el estatus social.
La verdadera interrogante es: ¿hasta cuándo permitiremos que se juegue con nuestras libertades y derechos mientras se oculta la hipocresía de aquellos que, bajo el pretexto de la fe, actúan en beneficio propio? La respuesta no es sencilla, pero reconocer estas contradicciones es el primer paso para exigir transparencia y ética en la intersección entre política y religión.
Ignorar a aquellas iglesias que realmente han levantado sus templos sin favores políticos, contratos millonarios o lujos desmedidos es una muestra de la hipocresía predominante. Estas comunidades, alejadas de los medios de comunicación y las conexiones influyentes, han trabajado con verdadera vocación, sin esperar recompensas externas. No obstante, lo más irónico es que no reciben invitaciones ni reconocimientos, simplemente porque su estatus social no las hace atractivas para el juego político.