La CPA y Lcda. Carmen Vega Fournier, Contralora de Puerto Rico, informó los resultados de una investigación sobre alegadas irregularidades relacionadas con la continuidad de pagos a cuentas de pensionados fallecidos en cuatro sistemas de retiro del Gobierno. El examen identificó 56,712 pagos por $13,257,577 a 9,180 cuentas, realizados después de transcurridos más de 60 días del deceso.
La investigación evaluó el universo de pagos del Sistema de Retiro de los Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura, el Sistema de Retiro para Maestros y el Fideicomiso de Retiro de la Universidad de Puerto Rico, para el período del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2025.
“Estos hallazgos evidencian la necesidad urgente de fortalecer los controles y el intercambio de información para detener oportunamente los pagos tras el fallecimiento de un pensionado. Cada desembolso indebido afecta los recursos públicos y exige acciones firmes para recuperar los fondos y prevenir que situaciones como estas se repitan”, expresó la contralora de Puerto Rico.
Resultados principales:
Sistema de Retiro de la AEE: 1,424 pagos por $1,055,888 a 201 cuentas, efectuados entre 61 y 3,613 días después del fallecimiento.
Administración de los Sistemas de Retiro: 24,380 pagos por $8,793,181 a 5,658 cuentas, efectuados entre 61 y 12,914 días después del fallecimiento.
Sistema de Retiro para Maestros: 24,682 pagos por $2,418,436 a 3,193 cuentas, efectuados entre 61 y 12,403 días después del fallecimiento.
Sistema de Retiro de la UPR: 802 pagos por $990,072 a 128 cuentas, efectuados entre 61 y 3,209 días después del fallecimiento.
La investigación también reveló que 16 cuentas de beneficiarios fallecidos todavía reflejaban pagos hasta el 31 de agosto de 2026 por $128,899. En otro caso, una cuenta perteneciente a un pensionado fallecido el 1 de febrero de 2016 recibió 93 pagos mediante cheque hasta el 31 de agosto de 2026, por un total de $75,462. Algunos de esos cheques fueron endosados y depositados en una institución bancaria en Kansas.
La Oficina concluyó que las situaciones identificadas son contrarias a las leyes y los reglamentos aplicables a los respectivos sistemas de retiro. La falta de controles y de acuerdos con el Registro Demográfico de Puerto Rico y otras entidades pudo haber contribuido a los desembolsos indebidos.
La Oficina recomendó a los administradores de los sistemas de retiro considerar los referidos emitidos el 27 de octubre de 2026 e implantar mecanismos eficaces para identificar oportunamente el fallecimiento de pensionados y beneficiarios, detener los pagos y orientar sobre las responsabilidades de notificación. También recomendó a la secretaria de Justicia considerar el referido correspondiente, tomar las acciones legales para recobrar los fondos pagados indebidamente y encausar los posibles actos de apropiación ilegal.
“La coordinación ágil entre los sistemas de retiro, el Registro Demográfico y las entidades financieras es indispensable para proteger el erario. Nuestras recomendaciones procuran que cada organismo establezca mecanismos de verificación continua, detenga los pagos con prontitud y actúe para recobrar todo desembolso indebido”, añadió la contralora.
El informe de investigación OC-27-35 está disponible en la página de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico.
