La Federación de Instituciones de Cuido Prolongado de Puerto Rico (FICPRO) pidió a la Asamblea Legislativa que no apruebe, según presentada, la propuesta del representante Jorge Navarro Suárez que permitiría a los adultos mayores o a sus representantes instalar y controlar cámaras de vigilancia en sus habitaciones.
El presidente de FICPRO, Jonathan Morales Adorno, advirtió hoy que las cámaras podrían captar momentos que requieren privacidad, como los baños en cama, los cambios de pañal, la asistencia para vestirse y los procedimientos de enfermería.
«¿Estamos realmente protegiendo al adulto mayor cuando permitimos que personas fuera de la institución puedan observar remotamente estos momentos tan íntimos?», cuestionó Morales Adorno.
El presidente de FICPRO reconoció que toda iniciativa dirigida a proteger a los adultos mayores merece consideración. Sin embargo, calificó la propuesta como un serio desacierto legislativo y advirtió que podría generar más problemas de los que pretende resolver.
Morales Adorno preguntó: “¿quién tendría acceso a las cámaras? ¿quién supervisará a las personas que observan? y ¿qué garantías habría para impedir que las imágenes se compartan con terceros?”.
También cuestionó qué protección tendría el personal si su trabajo se grabará constantemente y las imágenes se difundieran, se sacarán de contexto o se utilizarán indebidamente.
FICPRO advirtió que conectar equipos privados a internet fuera del control de la administración podría comprometer la seguridad de las instalaciones y dar a terceros accesos no autorizados a imágenes e información sobre los residentes y a las rutinas y los movimientos del personal.
Morales Adorno explicó que las instituciones de cuido prolongado son establecimientos privados administrados por operadores independientes que asumen responsabilidades legales, económicas y operacionales. Cada hogar cuenta con normas, protocolos de seguridad y procedimientos internos que deben ajustarse a las leyes y los reglamentos aplicables.
Morales Adorno advirtió que “los sistemas particulares de vigilancia afectarían el funcionamiento de los hogares, cuyas administraciones tendrían que responder por situaciones relacionadas con equipos que no controlan”.
Aunque el residente pagaría el equipo, los hogares tendrían que facilitar su instalación, colocar avisos y atender las situaciones entre compañeros de habitación, cuya intimidad también debe protegerse.
FICPRO reconoció el derecho de las familias a visitar a sus seres queridos, preguntar cómo se les atiende, fiscalizar el cuidado y denunciar irregularidades. La instalación de un sistema privado de vigilancia implica una facultad distinta, con consecuencias para otros residentes y para el personal.
Si una familia considera indispensable vigilar visualmente y de forma permanente a su ser querido, Morales Adorno recomendó evaluar alternativas, incluido el cuido en su propio hogar, donde pueda establecer el sistema de monitoreo que prefiera. Esa decisión individual, sostuvo, no debe convertirse en una obligación para todos los hogares.
Morales Adorno rechazó que se dé a entender que la seguridad de un adulto mayor depende de tener una cámara en su habitación. Señaló que proteger a los residentes exige personal capacitado, supervisión efectiva, protocolos de atención, cumplimiento reglamentario y fiscalización gubernamental.
FICPRO reafirmó su respaldo a la transparencia y la fiscalización. Afirmó que la medida podría comprometer la intimidad de los residentes, la seguridad del personal y la autonomía operacional de los hogares.
La Federación exhortó al representante Navarro Suárez y a la Asamblea Legislativa “a escuchar a los residentes, sus familias, los operadores, los administradores, los profesionales y el personal de cuido antes de continuar el trámite legislativo”.
Morales Adorno recalcó que legislar sobre el cuido prolongado exige conocer de primera mano cómo funcionan los hogares y qué situaciones enfrentan a diario. Sostuvo que toda medida de protección debe preservar la dignidad, la privacidad y la seguridad de quienes viven y trabajan allí.
FICPRO pidió reevaluar el alcance de la medida mediante un diálogo con el sector antes de considerar su aprobación.
