Abonos de apenas $50 frente a deudas acumuladas de miles de dólares por servicios de cuido y una deuda superior a $50,000 por una sola paciente a quien el Departamento de la Familia lleva dos años sin pagarle al hogar. Estas son las denuncias de la Federación de Instituciones de Cuido Prolongado (FICPRO), que exigió a la agencia saldar los atrasos y corregir las deficiencias administrativas que mantienen a los hogares en incertidumbre financiera.
El presidente de FICPRO, Jonathan Morales Adorno, y Dana Rivera Cortés, administradora del Hogar Torrelin, en Bayamón, advirtieron que las instituciones deben seguir pagando nómina, comprando alimentos y cubriendo agua, electricidad y otros gastos operacionales, aunque el Gobierno no pague a tiempo por los servicios recibidos.
Rivera Cortés denunció que el Departamento de la Familia realiza abonos mínimos frente a deudas de miles de dólares acumuladas por servicios prestados a distintos pacientes. “Ejemplo, de un pago que debería ser de $2,350 por un paciente, recibo solo $50. Abonan algo, pero los atrasos no bajan; siguen aumentando”, expresó.
Las deudas del Hogar Torrelin llegaron a superar los $100,000 hace dos años. Aunque en diciembre pasado recibió un pago considerable, Rivera Cortés aseguró que no puede precisar cuánto queda pendiente porque los talonarios no identifican qué meses se pagan, a qué paciente corresponde cada desembolso ni el balance por saldar.
“Solo aparece la palabra ‘atrasos’. ¿Cómo se supone que uno lleve una contabilidad correcta si el propio Gobierno no te dice qué está pagando? Esto no tiene fin”, cuestionó.
En un caso distinto a los abonos parciales, Rivera Cortés reveló que el Departamento de la Familia no ha desembolsado un solo centavo en dos años por una paciente, lo que ha generado una deuda superior a $50,000.
El hogar solicitó en enero la reubicación de la paciente, pero, según denunció, la gestión no se completó. Actualmente, la paciente permanece hospitalizada por su condición de salud.
“Nos adeudan más de $50,000 por una sola paciente y no hemos recibido ni un centavo en dos años. Nosotros tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades, pero el Gobierno también tiene que cumplir con las suyas. No podemos financiar indefinidamente los servicios que le corresponde pagar al Estado”, sostuvo.
Morales Adorno recordó que la situación fue planteada directamente a la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, durante una vista pública celebrada en julio pasado ante la comisión senatorial que atiende los asuntos de familia, personas mayores y población con diversidad funcional, presidida por la senadora Wandy Soto Tolentino.
“La secretaria prometió que se iban a saldar las deudas y que todo iba a correr como se suponía, pero eso no ha pasado. El Hogar Torrelin es un vivo ejemplo del incumplimiento de esa promesa”, afirmó.
Los problemas se agravaron desde julio, con la implantación de Íntegra PR, plataforma que integra información financiera del Gobierno central y que, según se anunció, agilizaría los pagos a suplidores. Sin embargo, FICPRO denuncia que persisten los atrasos y la falta de información sobre los desembolsos.
Rivera Cortés también señaló dificultades para comunicarse con la agencia y completar los trámites de pago. Relató que, en ocasiones, una trabajadora social visita el hogar para completar un convenio, pero el documento no regresa. Cuando reclama, indicó, le responden que la oficina tiene un solo empleado. Añadió que sus gestiones recientes tampoco han recibido respuesta y que a los proveedores suelen remitirlos al portal de Íntegra PR.
“Si yo no tengo un cuidador por cada ocho pacientes, me multan. Pero si el Gobierno retiene mi dinero y me dice que tiene un solo empleado, ¿dónde está la responsabilidad? Yo tengo nómina, patentes, CRIM, agua y electricidad que pagar. Los gastos no se detienen porque una agencia no tenga personal”, denunció.
Morales Adorno advirtió que lleva más de un año denunciando la falta de transparencia. Aseguró que los hogares no siempre pueden identificar a qué pacientes o periodos corresponden los depósitos y señaló que, pese a los señalamientos que atribuye a la Oficina del Contralor, las deficiencias continúan.
“No basta con depositar dinero. El Gobierno tiene que explicar qué pagó, por quién, a qué mes corresponde el desembolso y cuánto queda pendiente. Estamos hablando de fondos públicos y servicios esenciales para personas vulnerables. Tiene que haber transparencia y rendición de cuentas”, reclamó.
El presidente de FICPRO insistió en que los hogares no pueden seguir financiando las obligaciones del Gobierno mientras cumplen diariamente con el cuidado y la alimentación de sus residentes. Exigió al Departamento de la Familia atender las deudas, garantizar pagos completos y oportunos y entregar estados de cuenta detallados.
“Los hogares no pueden convertirse en los bancos del Gobierno. No podemos dejar de pagar la nómina, comprar alimentos o mantener las instalaciones funcionando porque una agencia no procesa una factura. Si los servicios se prestaron, ¿cuándo va a pagar el Gobierno lo que debe?”, concluyó.
