En el contexto del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, un grupo de académicos, profesionales de la salud, y líderes sindicales y comunitarios presentaron en un foro multidisciplinario cuyas ponencias fueron integradas en el Compendio de Ensayos Multidisciplinarios: Erradicación Pobreza Infantil en Puerto Rico. El documento exige acciones concretas frente a las condiciones estructurales, las políticas de austeridad y las profundas desigualdades que mantienen a más del 50 por ciento de la niñez y juventud puertorriqueña viviendo bajo el nivel de pobreza.
El compendio aborda de manera multidimensional los retos que perpetúan la precariedad de las familias y propone medidas sustantivas en áreas de economía, salud integral (física y mental), seguridad alimentaria, educación, crisis climática, gobernanza y participación ciudadana comunitaria.
La pobreza infantil no es solamente una carencia económica, sino una vulneración de derechos humanos que compromete el desarrollo integral, la salud mental y las oportunidades de nuestra niñez. No podemos continuar exigiéndoles resiliencia a las familias mientras las obligamos a sobrevivir en condiciones de precariedad, inseguridad alimentaria, estrés crónico y falta de servicios esenciales. La salud mental no comienza en un consultorio ni se resuelve exclusivamente con medicamentos o psicoterapia, sino que también requiere alimentación, vivienda digna, educación pública de calidad, servicios de salud accesibles y comunidades seguras. Las políticas de austeridad, el debilitamiento de los servicios públicos y la precarización de las condiciones de vida profundizan las desigualdades y trasladan a las familias el costo emocional y social de decisiones económicas y fiscales que no tomaron.
Erradicar la pobreza infantil no es un acto de caridad, sino una obligación ética, política y social, porque no queremos una niñez que simplemente aprenda a resistir la pobreza, sino una niñez que tenga derecho a vivir sin ella.
Respecto a la base económica que sostiene a las familias del Archipiélago, Iyari Ríos, economista, enfatizó: «Para combatir la pobreza es necesario producir empleos con buenas condiciones y salarios. La Ley de Salario Mínimo de Puerto Rico establece mecanismos para que se revise de manera periódica esa remuneración considerando el costo de vida y el ingreso necesario para superar la pobreza. Por eso es importante defenderla y protegerla ante los ataques que enfrenta».
La educación pública fue identificada como un factor crítico para lograr la movilidad social, pero se advierte que opera bajo una insuficiencia que exacerba la desigualdad. Sobre esto, Issel Masses, directora ejecutiva de Sembrando Sentido, subrayó: «La precariedad no define las capacidades ni las aspiraciones de nuestras niñeces, pero las decisiones que tomamos sobre los recursos públicos sí condicionan sus oportunidades. En Puerto Rico, donde la mayoría del estudiantado de escuelas públicas enfrenta condiciones de precariedad, garantizar una educación justa exige invertir lo suficiente, distribuir los recursos según las necesidades y darles a las comunidades escolares poder real para decidir sobre su educación. En Puerto Rico, la juventud que lleva sobreviviendo a desastres naturales durante gran parte de su vida se siente impotente y cuestiona la posibilidad de un futuro con oportunidades y bienestar».
El impacto de estas condiciones y determinantes sociales sobre el recurso humano de las escuelas fue destacado por Lourdes Torres, de EDUCAMOS, quien argumentó: «El empobrecimiento de la mayoría del pueblo, de la cual forma parte el magisterio y estudiantado del sistema de educación pública se ha acelerado durante las décadas recientes ya que los sectores privilegiados han logrado imponer una reforma estructural de la distribución de la riqueza ampliando la brecha entre ricos y pobres en Puerto Rico». Torres destacó que los tentáculos de la desigualdad socioeconómica afectan hoy adversamente al magisterio puertorriqueño, particularmente desde la eliminación del retiro vitalicio, el aumento en la edad de jubilación a los 62 años, la falta de políticas de escala salarial y el impago de las deudas por concepto de Carrera Magisterial, la falta de acceso adecuado a la salud, vivienda, energía, alimento, participación democrática, entre otros factores».
«Es requisito enfatizar en que cualquier gestión para revertir la precarización del magisterio y estudiantado de la escuela pública debe contar con la participación de los sectores afectados, de modo tal que el impacto sea en la misma dirección para todos/as, teniendo siempre en cuenta que ambos sectores, magisterio y estudiantado, somos parte sustancial de eso que llamamos pueblo», afirmó Torres.
El documento además señala las crecientes e inevitables amenazas que representa la degradación del medioambiente para las familias más vulnerables. Federico Cintrón Moscoso, director de El Puente Puerto Rico, señaló: «En el caso de la niñez y la juventud, su vulnerabilidad está asociada, por un lado, a las características físicas y fisiológicas de esta población, que limitan su capacidad de soportar y enfrentar condiciones extremas como olas de calor, sequías o contaminación del aire. Por otro lado, estas condiciones se agravan en situación de pobreza debido a la dependencia económica y el poco acceso a servicios esenciales de salud, nutrición, educación, higiene y protección social».
El compendio hace un llamado urgente a las autoridades e instituciones gubernamentales advirtiendo que Puerto Rico requiere de verdadera voluntad política, inversión de recursos, descolonización de su sistema alimentario, acceso pleno a salud y una participación comunitaria transversal para asegurar que las políticas públicas se transformen en acciones verificables que protejan a las próximas generaciones.
